Antes de escuchar la sentencia por parte del Tribunal Oral Federal número 1 por el secuestro, torturas y asesinato de cuatro personas a fines de 1977, Menéndez repitió el discurso que brindó en las primeras audiencias del juicio iniciado el 27 de mayo, en el que comparte el banquillo junto a otros siete acusados.

A 31 años y siete meses de los hechos juzgados, a las 16.30 de hoy la Justicia Federal de Córdoba se expedirá por primera vez sobre las violaciones a los derechos humanos cometidos durante la dictadura en esta provincia.

Menéndez dijo que hoy los involucrados en Montoneros o el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) "niegan sistemáticamente la guerra contrarrevolucionaria y llaman represión ilegal a los esfuerzos defensivos de las fuerzas legales".

Según Menéndez, Argentina ostenta el "dudoso mérito en ser el primer país que juzga a sus soldados victoriosos, que lucharon y vencieron por orden de y para sus compatriotas".

"Los Argentinos sufrimos una guerra", insistió, y luego arremetió contra el Gobierno al destacar que "confío en que los guerrilleros del '70, hoy en el poder, no puedan consumar su propósito de imponernos su régimen autoritario".

Al avanzar sobre su reivindicación de la represión que comandó en Córdoba y otras nueve provincias durante la dictadura sostuvo que fue para evitar "el asalto de la subversión marxista" que buscaba arrancar "el alma de nuestro pueblo".

Menéndez, quien aseguró que los guerrilleros "asesinaron a 1.500 personas", de las cuales, dijo, "60 por ciento (eran) de las fuerzas de seguridad y 40 por ciento civiles", y que cometieron en total "21.600 atentados, 6 ó 7 por día" en una década.

Durante las palabras de Menéndez, la ex candidata a intendenta de Córdoba por el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), Leticia Celli, y una joven que la acompañaba fueron retiradas por la Policía Federal por reclamar a viva voz que interrumpieran la argumentación que llevaba a cabo Menéndez.

"Genocida. ¿Hasta cuándo van a dejar hablar a los genocidas?", gritaba Celli, también abogada del Centro Profesional por los Derechos Humanos (CEPRODH).

Tras las palabras de Menéndez, el resto de los acusados negó nuevamente los hechos tratados en el juicio y proclamó su inocencia.

Tal como habían dicho sus abogados, los acusados señalaron que no fueron vinculados directamente a los delitos de lesa humanidad expuestos en el proceso de los que fueron víctimas Hilda Flora Palacios, Humberto Brandalisis, Carlos Lajas y Raúl Cardozo.

Sólo Acosta, el ex jefe operativo del campo de concentración La Perla, que tiene defensores particulares, optó esta vez por no hacer uso del derecho a la última palabra antes del fallo.

Rodríguez, ex segundo jefe del Batallón de Inteligencia 141, del que dependía el grupo que manejaba La Perla, dijo que las fuerzas militares actuaron "en legítima defensa de la Nación" y según el "Código Militar".

Además, dijo que su accionar dependió de su superior, el fallecido teniente coronel César Anadón, y aseguró que no conocía a las víctimas ni supo de los hechos hasta que fue indagado por primera vez el 23 de setiembre de 2003.

Luis Manzanelli sostuvo que tampoco conocía a las cuatro víctimas y reiteró su inocencia, mientras Carlos Vega, ex administrador del centro clandestino de detención, dijo: "No soy un asesino, yo nunca maté en mi vida, no he torturado ni tampoco hice maltrato a persona alguna".

Carlos Díaz y Oreste Padován reconocieron la tarea de sus defensores y negaron los hechos, tras lo cual, Ricardo Lardone, el único de los imputados que fue personal civil de inteligencia, dijo que era inocente y aseguró que ninguno de los testigos consiguió vincularlo con los delitos sufridos por las otras víctimas.

Los fiscales habían pedido prisión perpetua para Menéndez, Luis Manzanelli, Carlos Díaz, Oreste Padován y Ricardo Lardone; 18 años para Carlos Vega; y 22 años para Hermes Rodríguez y Jorge Acosta.