De aprobarse la iniciativa, que fuera consensuada durante cuatro meses con todos los sectores de la Justicia y con los legisladores, la prisión domiciliaria sólo podrá otorgarse en forma "excepcional", con "previa vista" del fiscal, y la medida podrá ser apelada.

El proyecto mantiene vigentes las actuales alternativas de prisión preventiva, que incluyen "técnicas o sistemas electrónicos computarizados", como pulseras magnéticas, y se agregará el beneficio a imputados mayores de 70 años, a los que padecieran una enfermedad incurable en período terminal y a las mujeres condenadas que estén en estado de gravidez o que tengan hijos menores de 5 años.

El texto establece modificaciones sobre 50 artículos del Código Procesal Penal y una de las principales es otorgar en el proceso penal participación al particular damnificado y acelerar los procesos penales fijando plazos taxativos, desde el inicio del juicio hasta el dictado de sentencia.

También promueve una audiencia entre las partes previa al juicio oral, con la idea de evitarlo y la creación de tribunales orales con un solo juez "unipersonales, en lugar de los tres actuales" para el juzgamiento de delitos "cuya pena máxima en abstracto no exceda de 15 años de prisión o reclusión o cuando, tratándose de un concurso de delitos, ninguno de ellos supere ese lapso".