Tanto Menem como el ex funcionario del Ministerio de Defensa estaban procesados por "estrago doloso seguido de muerte", pero la Cámara Federal cordobesa consideró el 17 de noviembre pasado que no había habido un requerimiento fiscal para procesarlos, por lo que anuló las actuaciones del entonces juez subrogante Oscar Valentinuzzi.

En su escrito, Lozada aseguró que sí hubo requerimiento fiscal para el procesamiento por la voladura de la Fábrica Militar en 1995, que provocó siete muertes, y llegó a decir que la propia Cámara, en otras causas, adoptó un criterio opuesto al que favorece a Menem.

Ahora, la Cámara deberá resolver si admite o no elevar a la Cámara Nacional de Casación este planteo, aunque en caso de ser rechazado a Lozada le queda la opción de elevar una queja directamente ante ese máximo cuerpo penal.

Según Lozada, el criterio seguido por la Cámara Federal, integrada por Ignacio Vélez Funes, Luis Roberto Rueda y María Alba Iriarte de Lofiego, tiene "graves y perjudiciales consecuencias" en la investigación de una causa, puesto que en el caso de Menem y Baeza González puede solicitarse la prescripción, quedando totalmente fuera de la persecución penal.

Lozada considera que esa sentencia "debe ser descalificada y tachada de nula, por arbitrariedad y defectuosa fundamentación", puesto que a su criterio el ex fiscal especial de la causa Carlos Stornelli (actual ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires) sí promovió acción penal sobre el hecho, al solicitarle a Valentinuzzi en "por lo menos cuatro documentos fiscales requirentes, en los cuales se ha manifestado con toda claridad la posibilidad de citar a indagatoria a los que de la investigación resulten prima facie responsables".

"¿Cómo puede afirmarse, pese a ello, en esta causa que el Ministerio Público Fiscal no promovió acción contra Menem y Baeza González? Esta pregunta es tan absurda como agraviante para este Ministerio. No solo porque SI se promovió acción, sino porque ello no era ni siquiera necesario, mucho menos obligatorio", sostiene Lozada.

Además, según el fiscal General, en la sentencia del mes pasado la Cámara Federal "resolvió de modo opuesto a sus propios precedentes respecto a las exigencias formales para el inicio de la instrucción", según interpreta otros fallos.