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El secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde expresó su "más profunda satisfacción" por la detención con prisión preventiva del ex ministro de la dictadura militar, José Alfredo Martínez de Hoz, dictada por el juez Norberto Oyarbide, y señaló que es "una decisión histórica que implica reparar una de las más importantes deudas con la sociedad argentina". En ese sentido, Duhalde consideró que la prisión preventiva e inmediata detención "de quien fue responsable de actividades ilícitas, pero al mismo tiempo del plan económico que asoló la Argentina durante 25 años, es un acto trascendente de justicia".
Duhalde se refirió al fallo de Oyarbide que dispuso la detención de quien ejerció la titularidad del ministerio de Economía durante cinco años en la última dictadura, en una conferencia de prensa ofrecida esta tarde en la sede de la Secretaría de Derechos Humanos de esta capital. Acompañaron al funcionario, el secretario de Protección de Derechos Humanos, Luis Alen y la directora Nacional de Asuntos jurídicos de la Secretaría, Andrea Gualde, quienes fueron los encargados de explicar los fundamentos del fallo de Oyarbide.
"La justicia ha tomado hoy una decisión histórica, que implica reparar una de las más importantes deudas con la sociedad argentina", destacó Duhalde al iniciar la conferencia de prensa en la que dio lectura a la declaración de la secretaría que preside referida a la resolución judicial.
En ese sentido, afirmó que "a solicitud de esta Secretaria el juez federal Norberto Oyarbide ha dispuesto el procesamiento y prisión preventiva de José Alfredo Martínez de Hoz". Duhalde manifestó que el secuestro extorsivo cometido en perjuicio de los empresarios Federico y Miguel Gutheim son considerados "delito de lesa humanidad, por formar parte del plan sistemático de la dictadura".
El funcionario explicó que la prisión preventiva dictada por Oyarbide a Martínez de Hoz fue dispuesta "por su actividad delictiva, y no, como ha pretendido el procesado, en la insostenible solicitada publicada días atrás, por un afán de persecución interminable". Sostuvo además que "las más de 500 empresas apropiadas por la dictadura a sus legítimos dueños -la mayor parte de ellas mediante secuestros extorsivos- comprenden la acción delictiva desplegada que en esta causa tiene una muestra de su ilícito actuar".
En ese marco, resaltó que "la dictadura cívico militar, de la que Martínez de Hoz fue uno sus jefes", produjo además "un verdadero genocidio económico al pueblo argentino con la política implementada a través de lo que se conoce como el Plan Martínez de Hoz". Y agregó que el ex ministro de Economía "representó en el gobierno dictatorial a las facciones más concertadas del capital financiero y de los sectores industriales" como ex presidente de Acindar y la compañía de electricidad Italo, además de conspicuo miembro de los grandes terratenientes por su pertenencia a la Sociedad Rural".
Tras calificar como "contundente y ejemplar" el fallo del juez Oyarbide, abogó porque las otras causas que se le siguen a Martínez de Hoz y en las que la Secretaría a su cargo es también querellante "tengan igual curso". Martínez de Hoz se encuentra implicado en otras dos causas, una como "jefe de la asociación ilícita que asaltó el poder" y otra por su presunta participación en la detención y desaparición del entonces abogado del Ministerio de Economía en tiempos de la dictadura, Juan Carlos Casariego de Bel, quien se negó a avalar una indemnización económica a la compañía Italo de electricidad de la que había sido presidente Martínez de Hoz, explicó Duhalde.
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