La iniciativa fue firmada por el presidente de la comisión de Salud, José Cano, a quien acompañaron sus pares Gerardo Morales, Emilio Rached, Pablo Verani y Blanca Monllau.

La comisión podrá realizar investigaciones y evaluaciones vinculadas a las normas vigentes en materia de producción y comercialización de medicamentos, el sistema administrativo de policía y los procedimientos de autorización y habilitación de funcionamiento de droguerías y farmacias.

Así como también sobre el régimen para la importación, exportación, producción y almacenamiento; las normas de envasado y etiquetado; los trámites para la gestión de reintegros por gastos; las normas de seguridad para el almacenamiento y traslado y las políticas públicas referidas al acceso a la medicación.

Para cumplir con su meta, la comisión podrá requerir informes y realizar investigaciones, tanto en el sector público como el privado y solicitar todo tipo de documentación e información, convocar a funcionarios, organizar audiencias públicas, y pedir información al Poder Judicial cuando los hechos fueran objeto de causa penal.

La falsificación de productos médicos, desde su fabricación hasta su administración a los pacientes, es un delito grave que pone en peligro las vidas humanas y menoscaba la credibilidad del sistema de salud. En este sentido se ha pronunciado la Organización Mundial de la Salud, para quien "los productos médicos falsificados perjudican los progresos alcanzados en materia de salud pública y amenazan la eficacia de la lucha contra las enfermedades prioritarias".

Los legisladores explicaron que "a partir de la causa vinculada al denominado triple crimen de General Rodríguez de agosto de 2008, fue tomando estado público la peligrosa situación, referida al posible consumo de medicamentos adulterados y al gran negocio que existe detrás de la comercialización de medicinas falsas o sustraídas".