Además, el comunicado oficial afirmó que "resulta infundado y extemporáneo calificar el reclamo laboral ocurrido como ataque a la libertad de prensa que la Constitución Nacional garantiza". El Ministerio reseñó cronológicamente todas las acciones que llevó a cabo a partir del inicio de la protesta en la planta que Artes Gráficas Rioplatenses posee en Zepita y Magaldi en Ciudad de Buenos Aires, y a la cual calificó como "un conflicto gremial".

Según la cronología del Ministerio, a las 2 de ayer y luego de recibir una denuncia efectuada por Sergio Domínguez, se hizo presente la Policía Federal en el ingreso de la planta de la empresa AGEA, donde se constató la existencia de una manifestación de empleados de la Federación Gráfica Bonaerense y sus familiares, encabezados por el dirigente Luis Siri, en reclamo de reincorporación de cesantes y pago de indemnizaciones.

A las 5.52 el juzgado correccional interviniente, liderado por el magistrado Lemos, solicitó comisionar un móvil policial para determinar cuántas personas se manifestaban, debiendo determinar el motivo por el que impedían la entrada y salida de vehículos e identificar a las personas involucradas. Luego, se paso a efectuar la lectura de derechos y garantías al delegado Siri.

Cerca de las las 7.30, Lemos tomó conocimiento del cumplimiento de las medidas ordenadas y dispuso el cierre de las actuaciones en la Comisaría y que sean elevadas el lunes. Según explicó la cartera de Seguridad, a las 9.50, el Juzgado dispuso establecer contacto con el delegado, a quien requiere que ceda su actitud con relación a los cortes en forma inmediata.

El Juez, entonces, toma conocimiento que el delegado convocaría a una asamblea a las 11 para analizar el levantamiento de la medida de fuerza, que cinco minutos antes del mediodía fue levantada. Además, tras el levantamiento de la medida, una fiscal contravencional porteña labró un acta por infracción al artículo 78 del Código Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires, que tipifica la obstrucción de la vía pública como una conducta que da lugar a sanciones de 1 a 5 días de trabajo de utilidad pública o multa de 200 a 1000 pesos.

Por eso, el comunicado insiste en que "de ninguna manera quedó afectada la libertad de expresión como se sostiene, con la evidente mala intención de dramatizar el episodio y de victimizarse". Y agrega: "Simplemente se trata de un conflicto gremial de larga data, que se desarrolla entre la empresa y sus trabajadores, y al cual gestiones del Ministerio de Trabajo han intentado encausar desde su origen, gestiones que resultaron infructuosas hasta la fecha, atento la actitud reticente a una solución del conflicto que caracteriza a la empresa".