Parrilli acusó a Macri por supuesta "violación de deberes de funcionario público" en una denuncia donde incluyó al jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, y a todos los firmantes del decreto de necesidad y urgencia 2-11 del 11 de abril pasado.

Esa norma incorporó al Código Contravencional de la Ciudad penas de multa de hasta 50 mil pesos y arrestos de hasta diez días para quienes "impidan salidas de diarios" o provoquen demoras "en una clara e injustificable restricción a la libertad de expresión". Macri firmó el decreto después de la protesta de los trabajadores de la imprenta AGR que bloqueó una de las salidas de una de las plantas donde se imprime el diario Clarín.

El legislador porteño advirtió en la denuncia que la Constitución de la Ciudad "impide al Poder Ejecutivo emitir disposiciones de carácter legislativo" y que en este caso no existió "ni existe" ninguna "circunstancia excepcional" que lo habilite.

"Surge claramente del texto constitucional que nunca pueden dictarse decretos de necesidad y urgencia en materia penal y más aún en el caso que nos ocupa donde no existieron ni existen circunstancias excepcionales", remarcó.

Para el denunciante "la acción ilícita desplegada por el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es violatoria de una de las garantías claves del sistema democrático y la forma republicana de Gobierno, la división de poderes, que impide, precisamente, al Ejecutivo legislar, juzgar e imponer penas".