"En todos los lugares donde hagamos auditoría la ley rige, y lo que dice la ley es que para este tipo de emprendimientos que tienen riesgo de impacto en la salud, hace falta estudio de impacto ambiental, cuestiones que no fueron acreditada por (la empresa nacional de comunicaciones) Arsat", sostuvo el funcionario cordobés.

Además, Bocco indicó que "no hacemos ningún tipo de valoración ni apreciación política" en torno de la medida adoptada y volvió a rechazar que se trate de un acto de censura a los canales difundidos por la TDA.

Sin embargo, López explicó que es la Comisión Nacional de Comunicaciones la que lleva a cabo los estudios de impacto ambiental y luego "los municipios son los que dan el permiso de uso del espacio aéreo". Por eso, el funcionario nacional sostuvo que con la medida tomada, el gobierno de Córdoba "le impide a 500 mil personas ver de manera gratuita televisión y se carga la Constitución Nacional y el Pacto de San José de Costa Rica que prohíbe a los estados ejercer cualquier acción de censura".