Para Filmus, la decisión "inconsulta y unilateral" de Uruguay de autorizar un aumento de la producción de la empresa UPM-Botnia "nos obliga a recurrir jurídicamente a la Corte de La Haya para denunciar la violación del Tratado del Río Uruguay y para que dirima en el conflicto diplomático, ya que Uruguay incumplió el fallo de esa Corte de 2010".

Según precisó el legislador, la resolución del tribunal establece "un monitoreo continuo y conjunto a fin de cuidar el patrimonio ambiental de los pueblos de ambas orillas del Río Uruguay, afectando la soberanía ambiental de nuestro país".

"Con esta medida, el gobierno argentino defiende el interés nacional y el cumplimiento del Estatuto del Río Uruguay, que exige una consulta previa del Uruguay a la Argentina sobre, en este caso, el aumento de la producción de UPM", concluyó Filmus.