El organismo mostró "preocupación" por aspectos tales como que "el Programa de Protección de testigos no contemple expresamente los casos de desapariciones forzadas como uno de los supuestos de intervención del programa"; que "las condiciones en que las víctimas y testigos deben comparecer y prestar testimonio, en muchos casos, traumáticas y revictimizantes"; y "la insuficiencia de las medidas de protección específicas a testigos privados de libertad".

Por eso, el documento dirigido al Estado argentino a "asegurar la efectiva implementación de las medidas de protección existentes y que las mismas se extiendan a todas las personas" en particular a "los testigos que se encuentren privados de libertad".

Además, el Comité lamentó "la falta de claridad acerca de las garantías existentes en la legislación para evitar que las personas que se supone hayan cometido un delito de desaparición forzada puedan influir en el curso de las investigaciones".

Y, apoyándose en los informes complementarios presentados por el CELS y otras organizaciones, resaltó los casos en los que "los funcionarios judiciales no han adoptado las medidas necesarias para apartar de las investigaciones a las instituciones policiales o a las personas sometidas a sospecha". En ese sentido, solicitó al Estado "garantizar" que las personas sospechadas no pueden influir en las investigaciones.

Por último, el organismo recomendó que por ley se "se establezca un mecanismo que garantice que las fuerzas de seguridad de las que se sospeche han cometido una desaparición forzada no participen en las investigaciones" del caso.