• SUBNOTA
El titular de la Unidad de Información Financiera (UIF) opinó que, si bien la utilización de la Ley Antiterrorista "puede parecer fuerte" para investigar la quiebra de la imprenta Donnelley, es la vía correcta con la que se puede "poner en tela de juicio" las acciones que intentan "desestabilizar" al país a través de una operatoria habitual: "El cierre de empresas".
Durante una entrevista televisiva, José Sbatella explicó que el pedido de aplicación de la Ley Antiterrorista fue en base a dos cuestiones legales: "La existencia de un delito precedente, que es la estafa fraudulenta; y un delito agravante, que es el hecho de que se atemorice a la población con el default y se impida al Estado nacional hacer un acto, o dejar de hacerlo".
Este último aspecto, el de impedir al Estado nacional hacer un acto o dejar de hacerlo, se refiere a la decisión de la Justicia de Estados Unidos de impedir que el dinero depositado para que cobre el 93,4 por ciento de los bonistas que aceptaron la reestructuración de la deuda soberana argentina.
Si la Justicia federal argentina entendiera que se dieron esos dos delitos, la UIF estaría habilitada para el "congelamiento financiero de los fondos buitre que están detrás de las empresas que tienen operaciones en Argentina, y también solicitar el embargo de los fondos en otros lugares", según dijo Sbatella.
El titular de la UIF explicó, además, que otro de los modos en que los fondos buitre pueden "desestabilizar" a un país a través de sus empresas repartidas en el mundo es haciendo "bajar acciones, tenerlas y luego cobrarles a los países por valores que no pueden pagar nunca". En este sentido, sostuvo: "Parece muy fuerte la figura utilizada, pero es la única que pone en tela de juicio todas las actitudes de los fondos buitre en sus propiedades a nivel internacional".
La presidenta Cristina Kirchner anunció que pidió a la Justicia la aplicación de la ley antiterrorista a la imprenta multinacional Donnelley por considerar que intentó alterar el orden económico y financiero al declarar su quiebra. La advertencia fue concretada hoy cuando la AFIP hizo la presentación judicial, que recayó en el juez federal Daniel Rafecas, quien será subrogado hasta la semana próxima por María Romilda Servini de Cubría.
En la denuncia se vincula a la empresa Donnelley con NML, el fondo buitre liderado por Paul Singer, al que responsabilizó de articular que la empresa haya presentado la quiebra el viernes en forma sorpresiva y sin motivo ya que su patrimonio neto es positivo.
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