"El plan de garrafa social subsidiaba toda la cadena, pero generó distorsiones, como que en la zona de Tigre, la garrafa fuera comprada por personas que la utilizaban para calentar la pileta de su casa", ejemplificó el ministro. "Son prácticas de libre mercado que hay que controlar desde el Estado", afirmó.

EL titular de la cartera de Hacienda precisó que se precisan unas 40 millones de garrafas para abastecer a las zonas que aún no están conectadas a la red de gas natural, lo que estimó en 4,5 millones de hogares, y que el subsidio implica una inversión estatal de 3 mil millones de pesos.

"Hay argentinos que aún no están conectados a la red energética o que no llegan a comprar la garrafa por falta de ingresos, el beneficio tiene que ir a ellos y a nadie más", sostuvo. Por último, adelantó que se habilitará una línea 0-800 para denunciar abusos de los proveedores.