El proyecto fue tratado en una reunión conjunta de las comisiones de Legislación General, que preside la kirchnerista Anabel Fernández Sagasti, Vivienda y Ordenamiento Urbano, que encabeza el radical José Cano, y Presupuesto y Hacienda, a cargo del oficialista Roberto Feletti.

En el plenario, que se desarrolló en el anexo de la Cámara de Diputados, el secretario de Acceso al Hábitat de la Nación, Rubén Pascolini, defendió la propuesta de regularización de la titularidad de la vivienda ya que evaluó que es "beneficiosa para nuestro pueblo".

Asimismo, Pascolini aclaró que la ley propuesta "no sólo alcanza a viviendas urbanas, sino también a viviendas periurbanas y rurales, y a la vivienda para la unidad familiar productiva".

El diputado por la Coalición Cívica-ARI, Fernando Sánchez, resaltó la necesidad de "sumar herramientas para resolver un problema muy grande en la Argentina" como la falta de vivienda, pero objetó el proyecto oficial porque entendió que "después de eso viene la presión inmobiliaria" sobre las familias.

Pablo López (FIT) anunció que su bloque presentará un dictamen alternativo, y remarcó que "después de 12 años de gobierno no pudieron regularizar los terrenos y el problema de la vivienda".

Por su parte, Cano reclamó que en el proyecto se establezca que "los recursos tienen que bajar a los municipios" y que "las organizaciones barriales tengan participación".

La iniciativa prevé la entrega de escrituras a familias que habitan inmuebles sin contar con el título de propiedad y, en este sentido, propone que los municipios o las provincias financien la compra de esas viviendas de dominio privado que estén ocupadas y en controversia judicial.

Además, los adjudicatarios pagarán las propiedades en cuotas que no podrán exceder el 10 por ciento de los ingresos. Como parte de la iniciativa, el Gobierno impulsa la conformación de un Consejo Federal integrado por la Nación, las provincias y los municipios, para que realicen propuestas a fin de avanzar en la regularización de los dominios de esas viviendas.

También incluye programas específicos para que provincias y municipios o el propio Estado nacional pueda comprar terrenos que, con anterioridad al 1 de enero de 2015, estén bajo leyes de expropiación o en pleito judicial o extrajudicial.