Así lo informaron hoy fuentes judiciales, que precisaron que los jueces Luis Bunge Campos y Marcelo Lucini deberán resolver sobre la apelación presentada por Jorge Alberto Hernández, patrocinado por el abogado José Luis Ferrari, contra la prescripción de la causa dictada a favor de Pablo Javier Salvucci, uno de los diez imputados por el padre de Jimena Hernández.

Salvucci declaró en el expediente por última vez el 16 de junio pasado: se declaró ajeno a los hechos e incluso aseguró que cuando ocurrió la muerte de la niña no estaba viviendo en Buenos Aires.

El hombre declaró ante el juez Mauricio Zamudio, quien ordenó traerlo desde San Luis en un vehículo policial, y sostuvo: "nunca tuve vinculación con el Colegio Santa Unión, tampoco con la víctima, ni con nadie de los que están implicados o han sido interrogados en el expediente", declaró.

Salvucci añadió que cuando ocurrieron los hechos vivía en Río Cuarto, Córdoba, de donde es oriundo. "En Buenos Aires sólo residí durante el período 1986/87... era empleado en la Secretaría de Vivienda del entonces Ministerio de Salud y Acción social. Luego me volví a Río Cuarto, debe constar mi cese en el ministerio, la fecha", abundó.

Tras la declaración, el imputado por el padre de Jimena planteó la prescripción de la persecusión penal en su contra, y el juez Zamudio primero y la Cámara del Crimen luego, admitieron su reclamo.

El delito de "homicidio simple" que se investiga sobre la muerte de Jimena Hernández contempla penas máximas de 25 años de cárcel, pero el plazo de la prescripción opera a los 15 años y, atento a que en este caso trasncurrieron ya 18, los jueces dieron por extinguida la acción penal.

La Cámara confirmó la prescripción el 8 de noviembre pasado, pero el padre de Jimena objetó la medida aduciendo que "a Salvucci se lo vinculó a esta causa hace dos años, por lo cual beneficiarlo con la extinción de la acción penal por prescripción resulta ilógico, irracional y por sobre todas las cosas, inoportuno".

Hernàndez padre denunció "la voluntad del órgano jurisdiccional de sacarse la causa de encima" y advirtió que "la vocación de la pretensión punitiva la tiene esta parte, porque la Justicia hace mucho tiempo que la perdió".

El padre de la víctima sostuvo que se le negó "aritrariamente la profundización de la investigación" y que las garantías de la querella "han sido sistemáticamente excluidos a lo largo de los tres últimos años".

La Cámara tiene tiempo hasta el próximo viernes para resolver si eleva el trámite a la Corte Suprema como "recurso extraordinario" o lo rechaza.

En este último caso, el abogado de Hernández, José Luis Ferrari, anticipó que igualmente recurrirá al máximo tribunal por vía del "recurso de queja".

Fuente: DYN

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