Fallida el año pasado, la reforma del marco legal del sistema universitario volvió a encauzarse en la última semana. El Ministerio de Educación está terminando de definir un proyecto que, en los próximos días, le presentará a la Presidenta. En reemplazo de la Ley de Educación Superior (LES) sancionada en 1995 –bajo el menemismo y ante el amplio rechazo de la comunidad académica– la nueva norma garantizará la gratuidad de las carreras –revirtiendo la posibilidad de arancelar– y la autonomía universitaria, aunque la someterá a discusión. En simultáneo, el tema fue recuperado por la Cámara de Diputados, que acaba de crear una comisión específica para tratar los proyectos legislativos y, desde este miércoles, empezará a recibir a los universitarios y a otros sectores sociales.

El proyecto general de ley universitaria que llegará a manos de Cristina Kirchner fue elaborado por la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) tomando las diversas propuestas presentadas por varias universidades, por el CIN (el consejo que integran los rectores de casas de estudios públicas), el CRUP (el consejo de rectores de universidades privadas), la Federación Universitaria Argentina (la FUA, la organización estudiantil que conduce Franja Morada), por los gremios docentes y varios legisladores nacionales. El compromiso del Gobierno era modificar el marco de la educación superior en 2007, pero nunca se hizo, entre otras cosas porque las elecciones nacionales se llevaron toda la atención política.

El titular de la SPU, Alberto Dibbern, analizará la propuesta esta semana con el ministro Juan Carlos Tedesco y luego se la elevarán a la Presidenta. Por ahora, el proyecto de la SPU incluye una serie de lineamientos generales. El propósito oficial es definir el articulado después de recibir los aportes del Ejecutivo y de abrir una instancia de debate con representantes de la comunidad académica. Para mediados de año ese proyecto oficial llegaría al Congreso.

Según adelantaron funcionarios de Educación a Página/12, las principales diferencias entre el proyecto y la vigente LES son las siguientes:

- Autonomía. La nueva norma será “menos reglamentarista”, atendiendo una vieja imputación a la Ley 24.521 por sus avances sobre la vida interna de las instituciones. El respeto a la autonomía quedará plasmado en la ley, pero se buscará contemplar herramientas para que el Estado pueda orientar políticas educativas. Esa tensión entre la autonomía y las necesidades de un “proyecto nacional” promete ser uno de los ejes del debate por la reforma. La intención oficial quedó clara en el discurso de Cristina Kirchner en la apertura de las sesiones del Congreso: no sólo anunció que este año se sancionará una nueva ley para el sector, sino que también habló de reformular el concepto de autonomía, de “articular lo académico y lo económico como hacen las grandes sociedades desarrolladas”, y de “devolverles a quienes sostienen la universidad pública y gratuita, al pueblo... herramientas para la generación de riqueza”.

- Gratuidad. Se garantizará la gratuidad de la enseñanza en las carreras de grado, cerrándole la puerta al arancelamiento, que así quedaría confinado al posgrado.

- Evaluación. Con respecto a la evaluación de la calidad de la educación superior, el Gobierno pretende sostener a la Coneau, la agencia pública que examina y acredita a las carreras. Un debate seguro se dará con las universidades privadas, ya que el CRUP planteó su interés por habilitar la creación de otras agencias de evaluación, algo que Educación y el sistema público rechazan. Lo que sí se buscaría modificar es la actual constitución de la Coneau, hoy bajo excesiva injerencia del poder político.

- Cogobierno. El gobierno compartido por profesores, graduados, alumnos y no docentes también se explicitará en la norma, estipulando que debe haber mayoría docente. Con algún mecanismo por definir, la SPU pretende enfrentar el problema de la “ciudadanía universitaria” en el claustro de profesores, es decir, quiénes tienen derecho a votar. Como sólo pueden elegir representantes los profesores concursados, es habitual que las autoridades académicas manejen discrecionalmente los llamados a concursos. La SPU planea dotar de ciudadanía a los profesores interinos con determinada antigüedad, para contrarrestar el control de los padrones.

“La idea es abrir un debate muy amplio, con la mayor cantidad de participantes posible, para que la ley contenga a la sociedad. Si no, la universidad se piensa sólo a sí misma”, dijo a este diario la diputada Adriana Puiggrós (FpV), presidenta de la comisión de educación de la Cámara baja. En ese ámbito, la semana pasada se creó una subcomisión para tratar los proyectos de ley de educación superior, que se reunirá todos los miércoles. Para el próximo está previsto un encuentro con el CIN, luego otro con el ministro de Ciencia y Tecnología, Lino Barañao, y para el 9 de abril otro con el CRUP.