En la Universidad de Buenos Aires se inició un nuevo capítulo judicial por una protesta estudiantil del año pasado. Seis consejeros superiores solicitaron ante la Cámara de Casación que se los considere querellantes en la causa contra los estudiantes que tomaron el rectorado. Ante el sobreseimiento de los militantes de la FUBA y la posterior desestimación del recurso presentado por la fiscalía, decanos, profesores y graduados buscan que “se reconozca que existió un delito”, según explicó el decano de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, Alberto Boveris. Para los alumnos, la iniciativa exhibe la “intención política de judicializar al movimiento estudiantil” de parte del rectorado de la UBA. Hasta ahora, ni la universidad ni sus autoridades en forma personal habían impulsado explícitamente la causa.

“Se pidió que nos incorporen como querellantes a un grupo de consejeros que estábamos presentes y que nos encontramos en situación de secuestrados o algo por el estilo”, dijo Boveris a Página/12. Seis integrantes del Consejo Superior, entre los que se encuentran los decanos de Ingeniería, Carlos Rosito, de Psicología, Sara Slapak, y el vice de Derecho, Tulio Ortiz, además de otros representantes académicos, presentaron la solicitud ante la Cámara de Casación con la intención de que se reactive la causa. “Nunca nos imaginamos que la Cámara (federal) iba a desestimar la causa”, agregó Boveris, al tiempo que se lamentó por no haberse “presentado antes.”

Ante la presentación, el presidente de la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA), Christian Henkel (PO), aseguró que “muestra la clara intención política de judicializar al movimiento estudiantil. Es coherente con el esquema represivo que hay en la UBA, donde las sesiones del Consejo Superior se realizan con un vallado policial”.

El origen del conflicto fue el cierre de la sede que el Ciclo Básico Común tenía en Merlo. El tema iba a ser tratado en la sesión del Consejo Superior el 28 de mayo del año pasado. Allí se presentó un grupo de estudiantes que protestaban por la clausura de la sede; comenzaron reclamando la firma de un acta-compromiso que garantizara la continuación del dictado de clases en Merlo y, ante la negativa de los consejeros, cerraron las puertas del recinto y se mantuvieron allí durante dos horas, sin dejar entrar ni salir a nadie. El hecho derivó en una denuncia policial efectuada por el rector de la UBA, Ruben Hallu, y de ahí en más la fiscalía actuó de oficio.

Una decena de militantes de la FUBA fueron procesados por privación ilegítima de la libertad, pero luego fueron sobreseídos. El rectorado recibió la noticia con sorpresa y el Consejo Superior emitió una declaración mostrando su disconformidad ante lo resuelto por la Cámara Federal porteña. “Se busca que quede claro que esto pasó. Si no, la sensación es que aquí no ha pasado nada. Los consejeros que estaban en el recinto presenciaron robos y destrozos que la Justicia debería reconocer”, aseguraron desde el rectorado.

Con la presentación de los consejeros como querellantes particulares en la causa, las autoridades pretenden reforzar la línea argumentativa del fiscal Germán Moldes, quien presentó un recurso ante la Cámara Federal que los integrantes del tribunal consideraron “inadmisible”. En el fallo destacaron que “la Constitución no tolera que se persiga a alguien, para el caso por pertenecer a ‘grupos con capacidad de movilización, estructura organizativa y ‘gimnasia tumultuaria’ –como había calificado el fiscal a los estudiantes–, sino tan solo por haber cometido una conducta reputada delito”.