Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza denunciaron haber sido “despedidos sin aviso después de nueve años de trabajar” en la institución. Alegan, además, “persecución política, por pensar diferente al rectorado de la universidad”. Ante las denuncias y presentaciones de los profesores no hubo respuesta de la casa de estudios, pero la institución emitió disposiciones en las que se ratifica “la no renovación de los contratos”. Cerca del 80 por ciento de la planta docente de la UNLaM está designada de forma interina, es decir, con contratos cuatrimestrales renovables o no. Para la Conadu Histórica, “en las universidades del conurbano es cosa de todos los días este sistema de contratación. Hay que terminar con la naturalización de esta situación”, dijo la secretaria general de la federación docente, Claudia Baigorria.

Según los docentes denunciantes, serían 40 los profesores cesanteados este año, a los que se sumarían muchos otros en los últimos años. “En enero fui hasta el cajero como todos los meses y me encontré con la novedad de que no tenía depositado el salario. Cuando me comuniqué para ver qué pasaba me informaron que era porque ya no trabajaba allí”, contó Juan Mascaró, uno de los profesores despedidos.

Mascaró y Mariela Bernárdez dictaban un taller de Televisión en la carrera de Comunicación Social. En los dos casos hacía nueve años que se les renovaban los contratos de forma cuatrimestral, hasta que todo cambió sin previo aviso ni una indemnización. Para los profesores, el despido es una consecuencia de la campaña por “la democratización de la universidad” que impulsaban ante la falta de la “libertad de cátedra” y la forma en la que encaraban la materia. “Se están formando técnicos que hacen lo que les piden y no periodistas con espíritu crítico”, sentenció Mascaró.

Ante las reiteradas consultas de este diario durante las últimas semanas, las autoridades de la casa de estudios se mostraron reacias a realizar declaraciones; no hubo respuesta de ningún área de la universidad, ni tampoco de parte del rectorado, que encabeza Daniel Martínez, ex colaborador de Alberto Pierri, de quien después se distanció. “Nadie va a hablar sobre este tema”, definió una fuente de la universidad. Como único argumento oficial, la UNLaM envió dos disposiciones de abril y mayo emitidas por el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales, donde se ratifica la “no renovación de los contratos de los auxiliares” y se esboza una defensa de la institución ante una solicitada firmada por personalidades de la cultura.

El conflicto con los docentes de la UNLaM exhibió la situación de los profesores interinos, que carecen de estabilidad laboral. El artículo 51 de la Ley de Educación Superior vigente establece que las universidades “podrán igualmente prever la designación temporaria de docentes interinos, mientras ello sea imprescindible y mientras se sustancie el correspondiente concurso”. Según la ley, las universidades deben tener al menos un 70 por ciento de la planta docente concursada. Los docentes que deben formar parte de la plantilla de concursados. Para llegar a ese mínimo, a las universidades nuevas les otorgaba un plazo de gracia, de diez años: tiempo cumplido por demás en el caso de la UNLaM, que comenzó a funcionar en 1989 y cerca del 80 por ciento de sus docentes serían interinos, según han reconocido las propias autoridades y denuncian los docentes.

El titular del gremio Adunlam (Fedun), Miguel Luna, aseguró que “en el Departamento de Humanidades nos informaron que había problemas pedagógicos y académicos para no renovarles los contratos a los docentes. No creemos que se esté frente a una persecución política –dijo el dirigente gremial–. En el informe de la cátedra se muestra que existían muchos errores pedagógicos”. Los docentes llevaron el reclamo a la Conadu Histórica, para reclamar su recontratación.

“Nos quieren mostrar como castigos ejemplificadores”, consideró Mascaró. Al menos una docena de profesores cesanteados por la UNLaM plantearon que sus despidos se debieron a diferencias políticas y académicas con las autoridades de la universidad.