El debate por una nueva ley de educación superior que suplante a la vigente desde el menemismo vuelve a generar controversia. La diputada Adriana Puiggrós, presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara baja, salió al cruce de las declaraciones formuladas ante este diario por el nuevo ministro del área: Alberto Sileoni aseguró que el proyecto de ley que vienen tratando los diputados “no va a salir este año”, porque “hay que escuchar la opinión de la sociedad” y “no corresponde políticamente sancionar la ley con esta representatividad”, en referencia a los cambios que sufrirá la actual composición parlamentaria tras las recientes elecciones legislativas. Para Puiggrós, “es muy grave que el ministro desconozca el trabajo y la representatividad de esta Cámara”, aseguró a Página/12. La virtual postergación de la reforma también despertó rechazo dentro de los claustros.

La vigente Ley de Educación Superior (24.521) fue sancionada en 1995, sin el consenso de la comunidad educativa. Su anunciada derogación se viene postergando desde hace dos años. Los mayores avances para su reemplazo se produjeron en Diputados: la Comisión de Educación realizó durante 2008 un trabajo de consultas y acopio de información, del que participaron tanto autoridades y representantes del ámbito académico como sindicatos del sector, organizaciones sociales y políticas, entre otros. Los legisladores viajaron a distintos puntos del país para conocer opiniones y propuestas sobre el tema e integrarlas en la ley que regule el sistema universitario. Finalmente, elevaron un informe final consensuado con aportes y propuestas para una nueva ley nacional de educación superior.

“El ministro está desconociendo la consulta que hicieron sus propios diputados –dijo Puiggrós, del Frente para la Victoria–. Y también desconoce el acuerdo firmado por todos los bloques, que se entregó al ex ministro (Juan Carlos) Tedesco, con el informe final.” Y agregó: “Al desconocer este acuerdo, está desconociendo todos los proyectos presentados”. Además, Puiggrós destacó que los legisladores que vienen participando del debate y cuyos mandatos caducan el 10 de diciembre aspiran a poder tratar el tema en el recinto.

Las declaraciones de Sileoni tampoco pasaron inadvertidas dentro de las universidades. El secretario adjunto del gremio docente Conadu, Pedro Sanllorenti, reconoció que ya existía “cierto temor de que la ley finalmente no se discuta. Sabemos que hay un compromiso de la Presidenta y que el resultado electoral en las legislativas los empuja a buscar más consenso, pero esto puede derivar en que quede una ley muy parecida a la que está vigente”.

“Venimos rechazando la ley vigente desde que se sancionó en 1995. Nos parece bien que se busquen acuerdos, que se consulte a la comunidad educativa y a los distintos bloques, pero no tendría que demorarse tanto tiempo”, indicó el docente Daniel Ricci, dirigente del gremio Fedun. El trabajo legislativo realizado “tuvo bastantes avances en el armado de un proyecto de consenso. Si se va a dejar para el año que viene, debería tomarse como base para la futura ley y no empezar de cero”, agregó el secretario general del gremio de la CGT.

Para la secretaria general de la Conadu Histórica, Claudia Baigorria, “el Congreso está demorado en todo. Esta ley sería importante que se sancione este año”. La representante sindical destacó que es necesario “un cambio de la ley vigente” y que “por eso hay catorce o quince proyectos de todos los bloques presentados”. La aprobación de una nueva norma este año “es importante, pero frente a un mamarracho sacado de apuro que no diga nada, preferimos esperar”, estimó. A los docentes universitarios también los inquieta la demora del Congreso en tratar una ley que reponga el régimen especial de jubilación para todos los profesores.