El Congreso aprobó la creación de tres universidades nacionales y la decisión causó malestar entre las autoridades académicas, ya que el Consejo Interuniversitario Nacional había emitido un informe negativo sobre las nuevas casas de estudios: “Sobre todo, es un despropósito la creación de la Universidad de Villa Mercedes”, señaló Sergio Maluendres, integrante del comité ejecutivo del CIN. La diputada Adriana Puiggrós afirmó que “cada proyecto va acompañado de un informe de factibilidad y una asignación presupuestaria” y agregó que para zanjar las diferencias con el sector académico “hace falta sancionar una nueva ley de educación superior que contenga un espacio de debate común”.

Tras varias sesiones donde los proyectos estuvieron en el temario pero finalmente no se trataron, la Cámara de Diputados aprobó anteayer proyectos de creación de ocho universidades. Tres de ellos ya tenían media sanción en el Senado, por lo que quedaron habilitadas las universidades nacionales de Avellaneda, del Oeste (en la localidad bonaerense de Merlo) y de Villa Mercedes (San Luis). Los otros cinco proyectos, que ahora pasan al Senado, son los de las universidades de Moreno, de Almirante Brown, Arturo Jauretche (en Florencio Varela), de José C. Paz y de la Región Metropolitana Norte (en San Isidro). Además, la semana que viene llegarán a Diputados los proyectos de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego y la Universidad Agraria Nacional.

“Parece que el Congreso y la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) van en sentido contrario. Mientras el Parlamento crea nuevas universidades, la SPU lanza programas de diagnóstico sobre la expansión de la educación superior”, dijo a Página/12 Maluendres, rector de la Universidad de La Pampa. El CIN, donde confluyen los rectores universitarios, ya se había pronunciado en contra de la apertura de las nuevas instituciones. “El despropósito más grande es el de Villa Mercedes, porque se crea una universidad en un lugar donde ya existe una sede de la de San Luis”, dijo Maluendres.

En cambio, para Puiggrós, “hay que sacarse de encima los prejuicios que existen sobre los intendentes y despejar además la idea de que no tienen financiamiento y que los fondos se les van a restar a las otras universidades”. La titular de la Comisión de Educación de la Cámara baja explicó que “cada proyecto contiene un informe de factibilidad y una asignación presupuestaria”. Los informes se basan, entre otros puntos, “en el estudio de los índices de demanda que hay que en cada distrito. Por ejemplo, se encontraron datos como que en 2006 y 2007 la UBA tenía cerca de 370 mil estudiantes y en los dos años siguientes bajó a 330 mil. Son 40 mil estudiantes menos que descomprimen a la UBA y que se integraron a las casas de estudios del conurbano”, dijo.

La actual Ley de Educación Superior fija que el CIN emita un informe sobre propuestas de nuevas universidades, pero no es vinculante. La diferencia entre el sector político y el académico es una constante en los últimos años cuando se crean universidades. Para Puiggrós el problema es que “hace falta una ley que establezca un consejo de decisión donde participen todos los actores: el sector político, el académico público y privado, los sindicatos. Un espacio donde se puedan acordar criterios de planificación”.

En ese sentido, Maluendres recordó que “existen los centros de planificación regional de la educación superior para lograr consensos. Hay que reforzarlos”. “Cuando se aprobó en 2007 la creación de la universidad de Chaco Austral pese al informe negativo del CIN, el cuerpo logró el veto de los artículos que establecían el desmembramiento de la Universidad del Nordeste”, recordó Maluendres. La próxima semana se reunirán los rectores y evaluarán su estrategia ante las nuevas instituciones.