Por Christian Castillo *

En su resolución del miércoles pasado, el Consejo Superior de la UBA encomienda al consejo directivo de la Facultad de Ciencias Sociales una “vuelta atrás” en la codirección de la Carrera de Sociología. En la misma sesión se intentó evitar la renovación del contrato de la profesora Inés Izaguirre, quien denunció irregularidades con Planes Nuevos Roles Laborales durante la anterior gestión de la facultad, y apoyó públicamente la elección directa y la toma del Rectorado. Estos hechos no responden a cuestiones reglamentarias ni académicas (sobre la codirección de Sociología el Consejo Superior llega al ridículo jurídico de resolver sobre un reglamento de Juntas de Carrera al que no reconoce validez estatutaria), sino que constituyen inadmisibles manifestaciones de persecución política. En mi caso, pretenden impedir mi continuidad en la dirección de Sociología con el argumento de que soy un “docente auxiliar”, algo que la elite profesoral juzga tan poco meritorio como la nobleza lo hacía con los miembros del “tercer estado”. Omiten decir, sin embargo, que aun en los marcos del restrictivo y reaccionario estatuto universitario actual reúno las condiciones que allí se exigen para ser rector de la UBA: tengo más de 30 años y soy profesor adjunto regular “en alguna universidad nacional”, en mi caso en la Universidad Nacional de La Plata. ¿Cómo, entonces, cumpliendo los requisitos para ejercer el cargo de mayor jerarquía en la universidad se me impugna para continuar en uno menor como la dirección de una carrera? Es evidente que estamos ante un caso de persecución política, debido a que fui votado en la Junta de Carrera y el consejo directivo luego de un proceso de elección directa realizado bajo el criterio de “una persona/un voto” al que la aristocracia académica siente tan amenazante como las logias clericales veían los principios de la Reforma Universitaria de 1918. Y, por si fuese poco para ellos, soy militante de izquierda y un marxista convencido, cualidades que resultan un doble pecado para una intelectualidad domesticada y para un establishment universitario que ha garantizado el silencio cómplice de la universidad con las políticas antipopulares de Alfonsín, Menem y De la Rúa. Ellos quieren una universidad donde reine la “obediencia debida” y nada se ponga en cuestión: ni el tipo de conocimiento que se produce ni al servicio de qué fines se lo realiza. Quienes en Sociología impulsamos la elección directa nos declaramos culpables de cuestionar el actual sistema de “voto calificado” que rige en la universidad, donde un 1 por ciento de su población (los 3 mil profesores titulares y adjuntos concursados) elige el 50 por ciento de los cargos en los consejos directivos y una proporción aún mayor en el Consejo Superior, mientras en el otro polo de la pirámide los 10 mil no docentes no tienen representación, los 260 mil alumnos apenas un 25 por ciento y los 20 mil docentes “auxiliares” (un 70 % del total) se diluyen en la representación de los graduados. La elección directa junto con la representación única de todos los docentes, el voto a los no docentes y la ampliación de la representación estudiantil son medidas elementales para democratizar una universidad que debe dejar de dar la espalda a los intereses de las mayorías trabajadoras y populares. El ataque proscriptivo e intervencionista sobre Sociología busca, ante todo, disciplinamiento, no vaya a ser que la universidad se contagie del espíritu de rebelión del 19 y 20 de diciembre.
* Docente y codirector de Sociología (UBA), dirigente del PTS.