Comienza a rodar la negociación salarial de los docentes universitarios. Los tres gremios del sector –Fedun, Conadu y Conadu Histórica– se reunirán hoy con los funcionarios del Ministerio de Educación y los rectores de las universidades nacionales para “escuchar la oferta” que lleven a la mesa. El reclamo de los gremios oscilará entre un 25 y un 30 por ciento de incremento y adicionales para docentes con maestrías, entre otros puntos. La Conadu Histórica arriba con un paro de 48 horas para el 17 y 18 de marzo, con la intención de que “la negociación no se extienda demasiado porque tenemos necesidades reales. Pero vamos a asistir con optimismo”, señaló la secretaria general Claudia Baigorria.

A las 15 se reunirán en la sede del Consejo Interuniversitario Nacional –en Pacheco de Melo al 2000– los representantes gremiales junto al secretario de Políticas Universitarias para dar pie a la mesa de negociación salarial. “Vamos a ir a escuchar el ofrecimiento de las autoridades”, señaló a Página/12 el secretario adjunto de Conadu, Pedro Sanllorenti. En el plenario de la Conadu resolvieron además que el incremento que solicitarán será del 25 por ciento y además buscarán recomponer el nomenclador docente –el puntaje que determina la relación salarial entre cargos–, medida que ya habían acordado en instancias anteriores y que nunca se puso en marcha, pero además Sanllorenti resaltó que los dirigentes tienen “mandato para iniciar medidas de fuerza si la oferta es menor al 15 por ciento”.

Los sindicatos universitarios sitúan el eje de la discusión por los salarios en el acuerdo de la paritaria nacional docente donde se llevó el sueldo de un maestro que recién se inicia de 1490 pesos a 1740 a partir de marzo, llegando a 1840 en julio. “La pauta es la paritaria que impone el mínimo y aspiramos a un porcentaje parecido” cercano al 25 por ciento, aseguró el secretario general de Fedun, Daniel Ricci. El punto sobre el aumento del sueldo para el cargo testigo –similar al salario inicial de los maestros– de un docente universitario es compartido por los tres sindicatos, ya que todavía está en los 1490 pesos acordados en la negociación del año pasado.

“El paro se definió por unanimidad del plenario porque la discusión viene muy demorada”, aseguró la titular de la Histórica, Claudia Baigorria. El gremio les solicitó a los funcionarios una reunión a principios de enero para encaminar la negociación, pero no obtuvo respuesta. “Para el 17 y el 18 de marzo está convocado el paro, pero esperamos no tener que realizarlo. La convocatoria viene muy demorada y el tiempo que hay en el medio es para conversar e intentar llegar a un acuerdo”, agregó la dirigente sindical.

El secretario de Políticas Universitarias, Alberto Dibbern, y su equipo se reunieron por separado con cada uno de los gremios la semana pasada para evaluar las posiciones y los reclamos salariales. En cuanto a la reunión de hoy, se especulaba con que aún no iba a haber un ofrecimiento salarial formal por parte de los funcionarios de Gobierno, aunque en los encuentros preliminares se les anunció a los sindicatos que el aumento de este año seguramente “será superior al del año pasado”, que fue del 15,5 por ciento en dos cuotas.

Pero los gremios además llevarán otros temas a la mesa. “Vamos a insistir con la implementación de un plus del 10 por ciento por capacitación para docentes con maestrías y especializaciones”, como el acordado para los doctorados, señaló Ricci. Sanllorenti explicó que además solicitarán “avanzar con el nomenclador para llevarlo hasta el 1,8 por ciento y instalar uno también para los preuniversitarios”. Baigorria recordó que sus reclamos “no son solamente el tema salarial. Tenemos que discutir sobre la estabilidad de los docentes universitarios, la carrera docente y el convenio colectivo de trabajo”. Los tres gremios impulsan también el aumento del mínimo no imponible de ganancias, porque en algunos casos los aumentos de los últimos años perjudicaron a los asalariados universitarios. En el debe quedará también la discusión sobre una ley para el sector que suplante a la Ley de Educación Superior vigente, sancionada al calor del neoliberalismo en los años ’90.