Una imprevista discusión previsional sacude a la Universidad de Buenos Aires. Los tres gremios de profesores de la UBA reclaman que no se descuente de sus salarios el 4,5 por ciento destinado a la Caja Complementaria de Previsión de la Actividad Docente. Cerca de la mitad de los 26 mil docentes de la UBA ya renunció al beneficio y, por lo tanto, a realizar ese aporte. Pero un fallo de la Corte Suprema de Justicia obliga a la universidad a realizar el descuento a todos y, ayer, la Caja le envió una carta documento al Rectorado exigiendo que liquide una deuda de 60 millones de pesos, acumulada desde 1995, cuando el Consejo Superior de la institución dispuso que el aporte fuera opcional.

“El descuento es ilegítimo porque nunca nos preguntaron si queríamos acceder a la Caja de manera voluntaria”, dijo a Página/12 Daniel Ricci, secretario general de Aduba –uno de los tres gremios de la universidad–. El dirigente apuntó contra el descuento salarial que corresponde a la Caja Complementaria y que rige para los docentes de la UBA desde 1983. En el mismo sentido se expresó el secretario gremial de Feduba, Federico Montero, quien explicó que “existe una incompatibilidad entre dos regímenes de previsión: el de la Caja Complementaria y el que fue sancionado el año pasado, que fija el 82 por ciento móvil para los docentes universitarios” –y que implica un aporte extra del 2 por ciento–. También el representante sindical de AGD, Néstor Correa, protestó: “Entre uno y otro sistema terminamos aportando un 17,5 por ciento de jubilación, lo que es un despropósito”.

La Caja Complementaria de Previsión para la Actividad Docente fue creada en 1975 –bajo otro nombre– por el Ministerio de Bienestar Social –hoy sería Desarrollo Social–. Definida por ley como “una entidad no estatal de derecho público sin fines de lucro, con personería jurídica y capacidad administrativa y financiera”, la Caja comenzó recaudando fondos para engrosar los haberes previsionales de los docentes primarios y secundarios. Por ello, son los gremios docentes de esos niveles los que tienen representación en la mesa directiva de la entidad, formada por un delegado de Ctera, uno de AMET, otro de Sadop y otro de UDA, tres delegados del Ministerio de Educación, además de tres síndicos, uno por cada parte –gremios, Estado nacional y jubilados–.

En diciembre de 1983, aún bajo la dictadura, los interventores de Educación y de la UBA firmaron un convenio por el cual se integró a los docentes universitarios a la Caja, ingresando también los de las universidades de Catamarca y de Luján. No hubo mayores reclamos hasta 1991, cuando Aduba –entonces gremio único– inició el reclamo con un petitorio para la desafiliación. En 1995, el Consejo Superior de la UBA decidió dar por finalizado el convenio y dejar a los docentes la opción de no realizar más aportes a la Caja. A partir de entonces, miles de docentes se fueron desafiliando progresivamente, hasta que hoy sólo aportan unos 13 mil profesores de la UBA.

Pero la Caja denunció ante la Justicia la ruptura unilateral del convenio y obtuvo un fallo a favor. Luego la UBA apeló y, finalmente, el caso llegó a la Corte Suprema. El año pasado, el máximo tribunal le dio la razón a la Caja, señalando que para deshacer el convenio hacía falta la voluntad de las dos partes.

“Venimos manteniendo conversaciones con el ministerio y, por eso, se postergaba la ejecución del descuento. Pero recibimos una intimación de parte de la Caja para implementarlo y para saldar la deuda”, explicó el rector de la UBA, Ruben Hallu –quien está desafiliado de la Caja–. En la última sesión del Consejo Superior, Hallu anunció que debía cumplir con el fallo de la Corte a partir del 1º de julio. Pero luego, “por pedido del Ministerio de Educación, lo postergamos hasta agosto”, dijo el rector. La deuda que le reclaman a la UBA asciende a 60 millones de pesos. Las autoridades de la universidad esperaban encontrar una salida negociada, pero desde ayer, cuando llegó al Rectorado la carta documento, la posibilidad parece más lejana.

“Estamos a favor de los sistemas solidarios de previsión. No creemos que sea confiscatorio, sino que los docentes universitarios tienen que poder elegir entre uno u otro –afirmó Montero, de Feduba–. Creemos que hay razones para privilegiar el que otorga el 82 por ciento y que el otro, en todo caso, sea optativo.” Por su parte, Aduba está preparando un petitorio: “Vamos a seguir insistiendo, ya tenemos más de dos mil firmas”, dijo Ricci, cuyo gremio ya realizó una radio abierta en la Plaza Houssay. “Ya se le enviaron cartas documento a los gremios de la Caja, pero se hacen los desentendidos”, dijo Correa, de la AGD, que también está recolectando firmas. El miércoles próximo la gremial realizará clases públicas frente al Ministerio de Educación.