El rector de la UBA, Guillermo Jaim Etcheverry, presentó un proyecto para tornar incompatible el desempeño de una misma persona como consejero directivo o consejero superior –es decir, representante de los claustros en el gobierno universitario– y como funcionario rentado en las facultades o el Rectorado. Aunque la mayoría de los miembros del Consejo Superior manifestó su apoyo a la propuesta, la norma no fue aprobada y pasó a comisión. Pero abrió un debate que promete seguir.
El proyecto impulsado por Jaim Etcheverry busca “establecer la incompatibilidad entre el ejercicio de las funciones de consejero superior y directivo... respecto de los cargos de secretario y subsecretario de la universidad”, alcanzando también “a cualquier otro cargo de gestión, conducción, coordinación o similar que sea remunerado, con excepción de las funciones de docencia, asistencia e investigación”. El proyecto agrega que los consejeros que se encuentren cumpliendo funciones incompatibles “deberán optar por el cargo que deseen desempeñar, renunciando o solicitando licencia”.
Para entender a qué apunta la propuesta, basta recordar que los consejeros directivos son los representantes elegidos por voto de los profesores, alumnos y graduados en cada facultad. Ellos integran los consejos directivos, los órganos colegiados que gobiernan las facultades y designan a los decanos, secretarios y demás cargos de gestión. A su vez, los mismos consejeros directivos son los encargados de elegir a los consejeros superiores de los tres claustros. Integrado, además, por los decanos de facultades y el rector, el Consejo Superior se ocupa de gobernar a la universidad y supervisar a las facultades.
Como los funcionarios de las facultades y la universidad “son designados y removidos por decisión de los consejos superior y directivos, en el caso de integrar también esos cuerpos se daría la situación de que ellos actuarían como juez y parte en su propia designación o separación”, avisa el proyecto en sus considerandos. También dice que “resulta inconveniente que los integrantes de los órganos colegiados de gobierno sean designados por el rector o los decanos en cargos de gestión ejecutiva, ya que ello podría prestarse a interpretar que dichos consejeros ven comprometida su independencia”. Para decirlo más explícitamente, establecer la incompatibilidad dificultaría el repetido trueque de cargos rentados por voluntades. Y ayudaría a desarmar las estructuras de poder enquistadas.
El proyecto había sido aprobado en comisión y se trató la sesión del Superior realizada el miércoles en la Facultad de Veterinarias. El rector mencionó la necesidad de “actuar contra las corporaciones” y dijo que se trataba de “una cuestión ética, resultando imperioso llegar a un acuerdo para elaborar una estructura que nos permita, por un lado, la separación de los distintos poderes dentro de la universidad y, por otro, evitar algunas prácticas que se han hecho frecuentes en los últimos tiempos”.
Desde el claustro de graduados del Consejo Superior –la mayoría es radical y la minoría independiente– provino la principal resistencia al proyecto. Justamente tres de los cuatro graduados de mayoría son secretarios de Extensión en Psicología, Farmacia y Derecho, mientras que el de minoría es secretario en Agronomía. De aprobarse el proyecto, deberían renunciar a alguna función. “En términos personales no me afecta, porque yo estoy dejando el Consejo Superior”, dijo el consejero Juan Pablo Más Vélez, de Derecho. Aunque coincidió en que la incompatibilidad ayudaría a terminar con el cambio de cargos por votos, opinó que “hacer sólo ese cambio sería cosmético. Los mecanismos que pueden usarse para manejar voluntades en la universidad son muchísimos: concursos, flujos de financiamiento... Para desarmar todo el andamiaje de intereses hay que trabajar muy seria y profundamente”.
Por lo bajo, algunos consejeros superiores señalaron que el proyecto de incompatibilidades había ganado impulso gracias a los conflictos internos que atraviesan dos facultades, las de Medicina e Ingeniería. Si lapropuesta del rector se aprobara, cambiaría el escenario político en ambas. A las objeciones de fondo presentadas en la sesión se sumaron objeciones técnicas, por lo que se acordó devolver el proyecto a comisión para definir detalles. “Uno de los principales cargos que se nos puede hacer a los mayores es el de haber corrompido a varias generaciones de jóvenes dirigentes universitarios, mediante el otorgamiento de prebendas –dijo Jaim Etcheverry–. Si hay trabas jurídicas para adoptar esta decisión, al menos votemos para invitar a los involucrados a que opten por uno u otro cargo... Aunque más no sea expresando ese reparo ético, invitemos a actuar como se debe actuar.”