UNIVERSIDAD › EL ROL DE LA UNIVERSIDAD EN EL PROYECTO DE HáBITAT POPULAR
El trabajo conjunto del Instituto del Conurbano (UNGS) y el Foro de Organizaciones de Tierra, junto a otros actores, generó la propuesta que el mes que viene será presentada en la Legislatura bonaerense.
Decir que las universidades son islas separadas de la realidad social no parece adecuado en este caso. Buena parte del proyecto de ley de hábitat popular que ingresará en septiembre a la Legislatura bonaerense fue concebido en el ámbito universitario. Proviene de un trabajo conjunto entre el Instituto del Conurbano de la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS) y el Foro de Organizaciones de Tierra, Infraestructura y Vivienda de Buenos Aires, entre otros actores. Uno de los impulsores del proyecto, el docente y urbanista Eduardo Reese, lo explicó ante Página/12: “Es que la investigación y la enseñanza en la universidad no se entienden sin una vinculación con las problemáticas del territorio”. Reese acaba de presentar la iniciativa a las casas de estudio que conforman la Red de Universidades del Conurbano.
El proyecto de Promoción del Hábitat Popular tiene tres objetivos claros, dependientes, a su vez, de una única misión de fondo: garantizar el derecho a la vivienda y a un hábitat digno, preceptos que rezan en el artículo 36 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. En primer lugar, la iniciativa se propone facilitar y promover la construcción de barrios y loteos sociales, además de regularizar los ya establecidos. En segundo término busca abordar la demanda habitacional, fomentando nuevos y variados programas de vivienda, tales como microcréditos para sectores populares que necesiten refaccionar sus casas. El tercer objetivo –que promete polémica con el sector privado– es conseguir mayores recursos por la vía del castigo a la especulación inmobiliaria y a través de la cesión de tierras de parte de los “emprendimientos suntuosos”.
Lleva dos años de elaboración y dieciséis versiones distintas; ahora, ya listo y antes de ser elevado a la Legislatura, el proyecto fue presentado a la Red de Universidades del Conurbano, de la que forma parte la UNGS. El secretario de investigación de la casa, Pablo Bonaldi, describió el proceso de trabajo: “La UNGS ha tenido un protagonismo fuerte en el armado del proyecto, y nos interesaba poder movilizar el apoyo de las universidades que integran la red, incluso invitamos a otras que no la incluyen, como el caso de La Plata”. En cuanto al trabajo al interior de la universidad, Bonaldi agregó: “La UNGS no está conformada en facultades, sino a partir de institutos. Uno de ellos es el del Conurbano, que se ocupa de la transformación de las áreas metropolitanas. Allí hay un equipo específico de urbanismo que viene trabajando, junto a las organizaciones sociales, la cuestión del hábitat”.
“Es una deuda que tiene la provincia –sostuvo Reese–. A pesar de que los indicadores sociales y económicos han mejorado, la gente no puede acceder a un lote. En la provincia tenemos un promedio de una toma por semana”, dijo. El proyecto cuenta con dos referencias, que intenta superar. La ley provincial de ordenamiento territorial (la 8912, sancionada en 1977) que, en palabras del Reese, es de carácter “elitista”, ya que “opera sobre una porción reducida de la población” y “no tiene una sola frase respecto de la vivienda y los loteos sociales”; el otro antecedente es la creación del Instituto de la Vivienda bonaerense, “que se limitó únicamente a crear el instituto”, según el docente.
La resistencia a la propuesta proviene de los grandes emprendimientos inmobiliarios de la provincia, a los que exige la cesión obligada del 10 por ciento de sus terrenos con destino exclusivo para viviendas sociales. Entran en la categoría los countries, barrios cerrados, clubes de campo, cementerios privados y los hipermercados y shoppings que ocupen predios de más de cinco mil metros cuadrados. La cesión de tierras ya divide las aguas al interior de la Legislatura bonaerense: “Los legisladores de La Juan Domingo –dijo Reese– acaban de presentar una ley idéntica, pero sin los artículos más controvertidos. Ya tiene número de expediente, es una copia de nuestro proyecto, pero sin sus artículos más importantes. Sin estos instrumentos, la ley no tiene mucho sentido; nosotros vamos a presentarla tal como se discutió en los foros con los barrios”.
Informe: Agustín Saavedra.
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