El decano de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA), Sergio Caletti, no buscará la reelección para el período 2014-2018. Lo confirma en esta entrevista con Página/12, donde reclama que se avance con la reforma del estatuto universitario y analiza la demora en la construcción del edificio único para Sociales. También cuestiona la política de jubilaciones forzadas de profesores que impulsa la universidad y se pronuncia contra un intento de re-reelección del actual rector, Ruben Hallu.

–¿Por qué decidió no ir por la reelección?

–Hay cierta costumbre respecto de que los decanos tienen que ir por un segundo mandato. Tiene más que ver con inercias o apetencias personales que con el desarrollo efectivo de un proceso. Se ha llegado a una suficiente solidez institucional como para poder renovar las autoridades sin necesidad de prolongar la gestión durante los dos períodos autorizados. Pero a esta altura es casi una cuestión personal, ya que extraño la cátedra (Nota: Caletti es profesor titular de la materia Teorías y Prácticas de la Comunicación 3). De lo que pretendía hacer, en muchos aspectos logré hacer un poquito. Hubiera pretendido más, pero otros cuatro años no me garantizarían hacerlo, porque también he tomado un contacto más directo con lo que es la pesadez del aparato universitario, las dificultades de una administración barroca y los choques de intereses particularistas. Estos años me van a dejar un saldo positivo y suficiente.

–¿Por qué, qué balance hace de su gestión?

–En estos tres años y medio algunas cosas hemos hecho, pero muchas menos de las que intenté y de las que hubiese querido. Se ha multiplicado, mejorado y diversificado la oferta de posgrados. Hace rato que en Sociales la política dominante es la de poner en marcha programas que tienen que ver con las formas organizativas y vivas de la sociedad civil. Tenemos importantes programas de capacitación a dirigentes de organizaciones sociales y más de veinte convenios con organismos públicos. También ha habido una política relevante de eventos culturales muy significativos, desde ciclos de cine hasta conferencias magistrales, que van desde Alvaro García Linera hasta Pierre Rosanvallon. Se ha incorporado un nuevo hardware mucho más actualizado y potente que el que había. Hemos puesto de pie dos centros que existían de manera muy limitada: el Centro de Estudios de Opinión Pública (Cedop) y el Centro de Estudios de Promoción e Investigación Audiovisual (Cepia). También, el Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, que después de 25 años es el segundo instituto de investigaciones de la facultad, además del Gino Germani.

–Han pasando diez años desde que se inició el proceso para construir el edificio único de Sociales, ¿por qué se demoró tanto?

–Se demoró y se está demorando exageradamente. No es una novedad en este país que una obra tenga razones de demora que escapan al que financia la obra, al que hace los planos, al que supervisa. Es la obra más importante de infraestructura de la UBA desde la Ciudad Universitaria. Van a terminar siendo unos 35 mil metros cuadrados. Hay mucha burocracia en el medio y pocos dispositivos de control eficaz. Pero es muy posible que al inicio del primer cuatrimestre del año que viene las cinco carreras ya estén mudadas.

–¿Qué postura tiene ante las jubilaciones forzadas de los profesores mayores de 65 años que aplica el rectorado de la UBA?

–No he estado nunca de acuerdo con estas políticas, que a mi juicio son ordenancistas. El ordenancismo aparece cuando hay situaciones de marcado desorden. En la UBA y particularmente durante la gestión de Jaim Etcheverry (Guillermo, ex rector), se acentuó un cierto desorden en la situación de los profesores. La llegada de Hallu (al rectorado) significó una reacción en sentido contrario: vamos a poner orden. El ordenancismo no es algo para asustarse, pero en general tiende a ser cuanto menos conservador. La universidad debe respetar las trayectorias. La ley nacional (de jubilaciones docentes) debe cumplirse, nos guste o no. Mientras la UBA produce jóvenes con posgrados brillantes, no tiene dónde colocarlos, entonces acelera la jubilación de los mayores para hacerles un lugar.

–¿Cómo está la situación en Sociales respecto de este problema?

–En Sociales, que era la facultad más afectada, el impacto ha sido mínimo. Hicimos una buena dosis de presión y de gestiones que permitieron que lo que parecía inicialmente una aplanadora terminara siendo una suerte de avance por goteo, que va a continuar pero que en el peor de los casos no agarra a nadie desprevenido.

–¿Qué opina de la gestión de Hallu al frente de la UBA?

–Se han consolidado y ordenado algunas cosas y se han trabado otras. Ha habido buenas iniciativas, buena promoción de la investigación en general y se han desarrollado interesantes programas universitarios transdisciplinarios. Pero ha habido una política de demora excesiva en discusiones que están pendientes, como la reforma del estatuto universitario, que se inició hace unos años y ha quedado interrumpida. Esa discusión debió haber sido retomada y concluida. La UBA está en mora con la reforma del estatuto. Esto va más allá de una gestión, aunque la involucre.

–¿Está de acuerdo con la posible búsqueda de una re-reelección del rector?

–No soy partidario de cosas como las que hizo Oscar Shuberoff, de ser rector durante 16 años. Me pareció una enorme barbaridad. No llegaríamos en este caso a tanto, pero mi propia decisión de no presentarme de nuevo tiene que ver con que pienso que cuando las instituciones están suficientemente consolidadas como para generar sus propias sucesiones, está bien que las generen. Es lo mejor que puede suceder. Cuando no están suficientemente consolidadas es para discutirlo, pero éste no es el caso.

–¿Está al tanto del debate que atraviesa a la Facultad de Arquitectura, por el tema de la acreditación de sus carreras ante la Coneau?

–Para facilitar la integración dentro del país y también con los otros países de la región, la evaluación es imprescindible. Pero podría promoverse un sistema de evaluación de las propias universidades. Los sectores que se oponen lo hacen porque necesitan una bandera en la lucha electoral. Hay cosas que están mal planteadas en la Ley de Educación Superior, como la Coneau, que hay que corregirlas. Pero se la confunde con la privatización. Es lógico que haya un control y una evaluación, pero hay que reformar el organismo asistente, que es malo.

Entrevista: Federico Funes.