Las autoridades de las carreras de Ciencias Sociales se eligen mediante el voto directo. Este voto directo ponderado es la mayor conquista democrática reciente de la UBA, que se caracteriza por poseer un sistema político elitista que margina a sectores de su comunidad. El reglamento electoral de la UBA, además de sostener la elección indirecta del rector, privilegia al claustro de profesores, al que le da una representación mayoritaria en el gobierno. Esta relación se ve morigerada en el reglamento de las Juntas de Carrera de Sociales, al igualarse la representación de los claustros e instituirse la elección directa de los directores. Estas conquistas democratizadoras fueron producto de la movilización de 2002, proceso protagonizado por un amplio movimiento estudiantil que supo encontrar oídos atentos en el activo de profesores y graduados. Así se generó una masa crítica que comprometió a las autoridades a institucionalizar las demandas, que se sintetizaban en la elección directa.

El movimiento fue iniciado en Sociología, donde las agrupaciones representadas en la Junta impidieron la formación del quórum para su funcionamiento, evitando la designación de un director mediante el voto indirecto. El movimiento por las directas fue extendiendo su influencia en la facultad y la Junta de Sociología se constituyó en el ojo de tormenta del conflicto. Así fue ganando adhesiones y crispando los nervios de la entonces mayoría de la carrera en profesores y graduados, que con el desarrollo del conflicto fue virando hacia posiciones conservadoras. La pretensión de esa mayoría de forzar una salida burlando las reglas de la Junta –designar un director más allá de la ausencia estudiantil– quebró el equilibrio existente y abrió una instancia fundada en el reconocimiento al movimiento construido bajo la reivindicación de la elección directa. Estos sucesos transcurrieron a inicios de 2002, cuando los vientos de las movilizaciones de 2001 fortalecían los deseos colectivos de transformaciones.

Dentro del movimiento por las directas hubo una fracción, integrada fundamentalmente por los partidos trotskistas, que planteaba la consigna “un hombre, un voto”. La objeción central a esta consigna reside en su efecto de licuación de los claustros con menos integrantes, especialmente el de profesores.

La principal deuda política de la UBA es la democratización de sus estructuras de gobierno. La propuesta superadora debería pasar por una instancia capaz de contener, sin restricciones, al conjunto de la realidad docente. Otras universidades nacionales han reformado sus estatutos para permitir la formación de claustros únicos docentes –auxiliares, regulares o interinos– y la incorporación de todos los integrantes de la comunidad universitaria en los órganos de representación. Una reforma de esta naturaleza respetaría el carácter legítimo de existencia del claustro docente, que no es necesariamente una clase opresora en sí, sino una instancia en la carrera universitaria susceptible de ser accesible a toda la comunidad académica y que está relacionada con un proceso de formación y acumulación de saberes. Más allá de las relaciones de poder que también contiene, que se verían afectadas favorablemente con la introducción de medidas de este tenor. Esta es una discusión compleja que la UBA tiene pendiente. Sería productivo que fuese asumida por el conjunto de la comunidad eludiendo las posturas conservadoras que, más allá de los fuegos artificiales del infantilismo, son las verdaderas responsables del actual estado de las cosas.

* Coordinador del Programa UBA XXII por Sociología.