¿Pueden las leyes equipararse a un sistema lógico? ¿Pueden las normas evitar las contradicciones internas? Un equipo de investigadores de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA cree que es posible trabajar en ese sentido y, por eso, se embarcó en la tarea de utilizar la informática para detectar errores o defectos en reglamentos o normas jurídicas que pasen inadvertidos para las personas. “Tenemos un grupo de investigación donde trabajamos en el uso de herramientas lógico-matemáticas para aplicarlas a las leyes y tratar de encontrar lagunas legales o contradicciones”, comienza a explicar a Página/12 Fernando Schapachnik, del Departamento de Computación de Exactas.

Junto con algunos colegas, el investigador viene trabajando en torno a cuestiones relacionadas con la lógica y la matemática que se usan para hallar errores en la construcción de un software, para que no haya problemas, falle menos y tenga una mayor calidad. “A veces, uno se da cuenta de que ante la misma acción puso, como consecuencia, otras dos que son contradictorias. Son fáciles de detectar para las máquinas, pero difíciles para las personas.”

El mismo razonamiento fue utilizado por los investigadores cuando se encontraron frente a un reglamento universitario que tenía problemas y contradicciones, “típicos reglamentos que regulan la vida cotidiana y no tienen un buen nivel de calidad”, subraya Schapachnik. Así observaron que, para ese caso, se podía hacer un análisis lógico parecido a los que hacían con el software para poner a prueba la coherencia interna. El lenguaje de fórmulas que desarrollaron fue bautizado como FormaLex. Desde entonces, el grupo de investigación intenta tomar leyes que están expresadas como fórmulas lógicas, normas más bien operativas. Por ejemplo, si algo está prohibido, si una cosa es obligatoria, si otra está permitida.

“Transformamos eso a lógicas conocidas. Lo expresamos en formalismo matemático y usamos herramientas que permiten trabajar con eso para detectar contradicciones. Por ejemplo, si algo aparece como obligatorio y luego como prohibido en el mismo reglamento”, relata el especialista.

A la hora de imaginar una aplicación o de pensar en la utilidad de un sistema de estas características, la primera explicación que surge refiere a la incapacidad que tiene a veces el ojo humano para detectar estos problemas, señala Schapachnik. La idea para los investigadores es que a la hora de escribir una norma o un reglamento, quien esté encargado de esa tarea pueda hacer una especie de control de calidad y recurra a un experto que traduzca todo a lógica para poder hallar y corregir los defectos.

De ninguna manera, apunta el investigador, este proyecto pretende eliminar a los abogados ni hacer que las máquinas tomen decisiones. “Es un proceso para decir: ‘Mirá, encontré esto, revisalo’”, asegura. En ese sentido, Schapachnik recuerda que los mismos abogados mencionan que en la legislación hay algunos puntos que se dejan explícitamente difusos y que quedan librados a la interpretación. “Aun si uno estuviese de acuerdo con eso, lo que hacemos es que, al revisar, podamos mostrar si eso está hecho así a propósito o se le escapó a quien armó el reglamento o la normativa.”

Todo esto aún se mantiene en una etapa de investigación. “Estamos trabajando con un grupo de investigadores de Mar de Plata como para analizar la ley de defensa al consumidor”, indica Schapachnik, sobre los contactos con un equipo de ingenieros y abogados de la Universidad Fasta. Este trabajo, asegura, servirá más, en principio, para probar que la técnica de los investigadores funciona, que para poner a prueba la propia ley.

Informe: Aldana Vales.