Con frecuencia se discuten los aportes del Estado para el sostenimiento de las universidades nacionales, suscitando debates acerca de la racionalidad de las decisiones, particularmente en lo que atañe a las de reciente creación, sobre la base de argumentos de eficiencia económica. Creemos que la pregunta acerca de si deben o no crearse y ponerse en funcionamiento nuevas instituciones educativas no puede responderse, so pena de un reduccionismo instrumentalista, sin reflexionar acerca de los fines de la universidad como institución en la Argentina del Bicentenario.

Algunos parecen entender este debate como una discusión restringida a la “localización” de las partes de un sistema, localización que parece ser pensada, sobre todo, con base en un criterio de “eficiencia”. Existe algo así como un modelo jerárquico implícito, según el cual en algunos lugares corresponde se desarrolle el quehacer universitario pleno, mientras que, en otros, sólo resulta “racional” que las instituciones preexistentes se alleguen a “prestar servicios universitarios”.

Así, la distribución actual de los “recursos” del sistema (edificios, docentes, presupuesto, etc.) es naturalizada como un punto de equilibrio estático y cualquier decisión en contrario es “nivelar para abajo”; sólo hay que hacer lo que la distribución vigente permite. Allí donde el capital y las capacidades humanas acumuladas lo hagan posible habrá vida universitaria y pleno despliegue de institucionalidad. En el resto, habrá “prestación de servicios”. Una geografía jerarquizada con centros y periferias. El planteo es idéntico al de las leyes inexorables de la economía ortodoxa, en el cual “alterar la dotación de factores” resulta ineficiente.

Esta racionalidad cumple una función esencialmente conservadora del statu quo y del balance de poder relativo de los principales actores institucionales del sistema que avizoran como amenazante la presencia de los nuevos miembros. No es ocioso recordar que el área metropolitana de Buenos Aires no es un espacio integrado y homogéneo, más bien expresa las desigualdades y concentraciones que dominan nuestra sociedad. En este sentido, la reciente creación de universidades en sus distritos de borde, donde predominan los bajos ingresos, los empleos menos calificados y diversas barreras de acceso a la educación superior expresan como pocas veces la voluntad colectiva de asegurar la igualdad de oportunidades y una redistribución de los recursos.

La creación de nuevas universidades no debe ser pensada desde un criterio ilustrado, fundado en la autoridad real o presunta de los especialistas; demasiadas veces, la misma ilusión tecnocrática ha ganado espacio en el proceso decisorio y sus resultados han sido enormemente decepcionantes. No es una cuestión que se decida desde la razón técnica, sino que es una cuestión esencialmente política. A modo de ejemplo, cabe preguntarse: ¿a qué distancia debe estar una universidad de otra para que la distribución de recursos resulte “racional”? ¿Cómo debe calcularse en un área metropolitana como la de Buenos Aires? ¿Cómo tomar en cuenta, en este cálculo, el hecho de que la distancia no constituye un medio homogéneo y transitable en todos los sentidos, sino un medio plagado de obstáculos que han materializado las desigualdades sociales de quienes lo habitan?

Un cabal ejemplo de lo que ha significado la creación de universidades nuevas en esta última década es el caso de la Universidad Nacional de Moreno, situada en el tercer cordón del conurbano. Inició su primer ciclo lectivo en 2011 y a la fecha cuenta con casi seis mil alumnos y dicta once carreras de grado a partir de este año, registrando más de cuatro mil aspirantes inscriptos para el próximo ciclo; y el singular indicador de que el 70 por ciento de sus estudiantes son primera generación de egresados del nivel secundario en sus hogares, lo cual denota un fenomenal hecho de movilidad social y un desafío de inclusión para esta casa de estudios. Esta matrícula, resultante de la creación de la universidad, es en un 93 por ciento primera generación de estudiantes universitarios en sus hogares, constituye una expansión neta del sistema y no la redistribución de alumnos. Entendemos que es necesario repensar los términos de este debate para plantearlo sobre un eje de mayor alcance que el de la eficiencia económica y que ponga en juego la racionalidad sustantiva de la vida universitaria en la Argentina actual. A nuestro juicio, no se trata de pensar el sistema universitario solamente como una disposición de medios con arreglo a fines sobre la base de las funciones canónicas de formar profesionales, producir ciencia, incluso prestar servicios de manera eficiente en la aplicación de los recursos.

La creación de nuevas universidades no puede ni debe agotarse en la tríada de funciones señalada. La universidad no sólo debe producir profesionales y patentes, sino que debe contribuir, desde su especificidad y su historia institucional, a la creación de aquellos lazos e identidades que permitan recrear el tejido social de la Nación para su propio desarrollo como colectivo social. Es en este marco en el que cabe reflexionar acerca de la cuestión de la “inclusión social”. Creemos que la creación de estas instituciones constituye una revolución silenciosa por su poder para agregar nueva densidad al tejido social, para catalizar la capacidad simbólica de los distintos grupos para realizarse en tanto comunidad local y pensarse como parte de un todo más amplio que les permita enriquecer su identidad y ampliar su marco de referencia, contribuyendo a la estrategia común para alcanzar un desarrollo sustentable del país en su conjunto.

En suma, las universidades nuevas responden a la necesidad de democratizar el conocimiento y proveer a la investigación y desarrollo tecnológico aplicado a fines socialmente útiles y, a la vez, alcanzar una mejor relación de cobertura de la educación superior en relación con la distribución geográfica de la población. Es decir, dar un paso más hacia el objetivo de redistribuir el poder, la riqueza y el conocimiento para construir una sociedad más equitativa, que posea las condiciones endógenas necesarias para llevar a cabo un proceso de desarrollo sostenido.

* Rector de la Universidad Nacional de Moreno.