La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) impulsó una denuncia contra la decana de la Facultad de Derecho (UBA), Mónica Pinto, y otras autoridades de esa unidad académica, por la presunta comisión de los delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, peculado e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

La investigación se funda en la posible utilización de fondos derivados de convenios de asistencia técnica y capacitación –cerca de 140 millones de pesos– para financiar actividades partidarias del radicalismo universitario y para enriquecimiento personal, según informaron fuentes judiciales.

Además de la decana Pinto, fueron denunciados el vicedecano de Derecho, Alberto Bueres; el secretario de Administración, Carlos Bedini; el secretario de Extensión Universitaria, Oscar Zoppi, y el subsecretario académico, Lucas Bettendorff.

La denuncia promovida por la Procelac quedó radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 9, a cargo de Luis Rodríguez. El fiscal ocupado en la investigación es Leonel Gómez Barbella.

La acusación se conoce en medio de una crisis en la conducción radical de la Universidad de Buenos Aires, que en los últimos meses ya se cobró las renuncias de dos hombres surgidos de Franja Morada: el vicerrector de la UBA Darío Richarte –ex funcionario de la SIDE bajo el gobierno de la Alianza– y el decano de la Facultad de Ciencias Económicas, José Luis Giusti, envuelto en un escandaloso juicio de divorcio, con acusaciones de violencia doméstica y propiedades no declaradas. Ahora los problemas alcanzan a la dirigencia radical de Derecho.