Por NBI *

En la semana de Navidad, los estudiantes, docentes y graduados de la Facultad de Derecho (UBA) nos enteramos por los diarios de que el consejo directivo había reformado el plan de estudios, haciendo lo imposible para que no traten el tema los consejeros electos en las últimas elecciones de octubre. Nada bueno podía esperarse de una reforma hecha a escondidas.
La Facultad no sólo omitió consultar a la comunidad académica, sino que tampoco hizo partícipe del proceso de reforma a organizaciones sociales, de trabajadores, de derechos humanos o instituciones públicas donde se desempeñarán los futuros operadores jurídicos.
En cambio, la vinculación con el sector privado de la profesión queda en evidencia por la reforma misma. Nos preocupa que esta reforma profundice las peores características de la facultad, al reforzar el carácter privatista de la carrera fortaleciendo las disciplinas en las que predomina ampliamente el interés privado por sobre el público (se agregan más horas de cursada presencial para Comercial para ver “concursos” y más horas de Familia y Sucesiones, en tanto que Internacional Privado, Tributario y Práctica concursal pasan a ser materias obligatorias) e imponiendo limitaciones económicas para la cursada (20 horas más de cursada no presencial para todas las materias del CPC –presumiblemente a través de Internet, videos, CD o cuadernillos–, más allá de sus discutibles utilidades didácticas, implican un gasto económico mayor al de las ya elevadas fotocopias, especialmente siendo que no hay equipamiento adecuado en la facultad).
A esto se agrega la evidente contradicción de imponer tres cuatrimestres de inglés bajo el pretexto de brindar una formación adecuada para el Mercosur. No objetamos que se formen abogados para esta nueva realidad, pero claramente el portugués es mucho más práctico a la hora de la integración con Brasil... es fácil suponer entonces qué tipo de integración regional pretende nuestro decano, cuando en Argentina y Brasil cada vez más crece la oposición popular y gubernamental al ALCA.
Así, seguirá habiendo poco espacio para los enfoques jurídicos que superen el mero análisis normativo, continuará la compartimentación de la carrera y su pretendida desconexión con otras disciplinas sociales, fomentando la consideración del Derecho como algo dado y la aceptación acrítica de la vigencia de la norma prescindiendo del análisis de su contenido y razones históricas (sintetizado en la memorización de las normas como técnica de estudio). Ni qué hablar de la casi nula formación práctica, que se reduce sólo al último año de la carrera, siendo absolutamente ineficaz pedagógicamente e incapaz de cumplir con sus pretendidos fines sociales, a la par que presenta la judicialización de los conflictos como única respuesta.
Párrafo aparte merecen las nuevas condiciones de regularidad, que prácticamente expulsan de la carrera a más del 10 por ciento de los estudiantes. Este régimen es marcadamente discriminatorio hacia aquellos que se ven obligados a trabajar tiempo completo, o pierden el empleo que sostiene sus estudios, o deben afrontar diversos problemas sociales.
En definitiva, la Facultad de Derecho profundiza su elitización y su desconexión con la realidad socioeconómica del país. Pierde así, por decisión del decano Alterini y su consejo directivo adicto, cada vez más, todo sentido público.

* Agrupación estudiantil independiente de la Facultad de Derecho (UBA).