“Lo que acá está en juego es quién gobierna la universidad. Si un pequeño grupo por la fuerza o las autoridades por la vía institucional”, argumentaba un decano, apoyado por pares y profesores. “No podemos renunciar a la política y aferrarnos a los reglamentos. Hay que negociar y encontrar una salida”, retrucaba otro consejero superior, también con apoyos varios. La discusión se planteó ayer en el rectorado de la UBA, mientras unos 40 estudiantes mantenían tomada la sala del Consejo Superior. La protesta duró poco más de una hora y casi hace fracasar, como la semana pasada, una sesión ordinaria del órgano universitario. Al final, después de gritos, forcejeos y disputas, el conflicto se destrabó cuando ¿el decano de la Facultad de Ingeniería?, Carlos Rosito, aceptó dejar su silla en el consejo, reclamo central de los alumnos que cuestionan la remoción de su antecesor, Bruno Cernuschi. Pese a la agitación de la jornada, el gobierno de la UBA aprobó su presupuesto 2004 y además, como informó Página/12 el viernes, resolvió eliminar a todas las entidades privadas que venían percibiendo y administrando fondos públicos por fuera de las arcas universitarias (léase fundaciones, cooperativas y otras variantes). Lo que sigue sin definirse es si el actual gobierno de Ingeniería es legítimo o no.
Ayer, el Consejo Superior debía completar la sesión que el miércoles pasado resultó también frustrada por las protestas estudiantiles. El encuentro estaba convocado para las 9 de la mañana en Viamonte al 400, en postergado estreno de la sala remodelada a un costo de 300 mil pesos después de la toma estudiantil ocurrida a fines de 2002. Sobre la calle se había dispuesto un vallado y personal de seguridad para evitar a los manifestantes. Pero no funcionó.
Apenas había empezado la reunión irrumpieron por la fuerza unos cuantos alumnos de Ingeniería, apoyados por la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA). “El consejo es una farsa”, gritaban. “Esta sesión entra en cuarto intermedio”, se apuró a decir el rector Guillermo Jaim Etcheverry y ya la sala estaba ocupada: “Ay, ay, ay, qué risa que me da, por un decano trucho no se puede sesionar”. “Pedimos que Rosito no se siente en el consejo hasta que no se resuelva la situación de Ingeniería –comentó a este diario la consejera estudiantil Laura Kniznik–. Ni siquiera pedimos que se siente Cernuschi, sino que lo haga el vicedecano.” Es que el gobierno de la UBA todavía no resolvió si fueron válidas la remoción de Cernuschi, ocurrida el mes pasado, y, en consecuencia, la elección de Rosito como decano de Ingeniería. Con dictámenes jurídicos contradictorios, la cuestión todavía debe discutirse en la Comisión de Interpretación y Reglamento.
Mientras en la sala los alumnos atacaban las medialunas abandonadas por los consejeros, una estudiante recolectaba sobrecitos de azúcar y otro se animaba a desempolvar las paletas de ping pong que hicieron furor durante la toma de hace un año y medio, aparte, en otra sala, los consejeros discutían qué hacer. Varios decanos y profesores encarnaban la postura más dura, no querían ceder bajo presión, planteaban que se establecería un antecedente complicado. Otros insistían en que sin negociar no se saldría del atolladero. “Fue un error político que Rosito entrara al consejo cuando la situación de Ingeniería no está resuelta”, opinaba otro decano. Primó la postura negociadora, después de la intervención del propio Rosito. Dijo que, “sin renunciar” a sus “derechos como decano, que son legales al menos hasta que se demuestre lo contrario”, estaba dispuesto a dejar su silla para evitar mayores problemas. Como negociador entre las partes actuó Jorge Anró, el titular del gremio no docente (Apuba). Les pidió a los estudiantes “un gesto”, desalojar la sala, y esperar. El presidente de la FUBA, Agustín Vanella, apoyó esa idea y el Consejo Superior volvió a sesionar a las 11.30. Sin Rosito. El tema de la sesión fue el presupuesto. Con 18 votos a favor, 3 en contra y 3 abstenciones, se aprobó la distribución y asignación de los 327,6 millones de pesos aportados por el Estado, al que la UBA le había solicitado prácticamente el doble para este año. Además, por primera vez, se incluyó en el presupuesto la estimación de lo que producirá la UBA mediante la venta de servicios, cursos, pasantías, consultorías y otras transacciones: un total de 158,9 millones. La mayoría estudiantil, que nuclea a agrupaciones de izquierda, planteó la necesidad de reclamar un urgente aumento presupuestario “porque si no, esta universidad se cae a pedazos”. El rector reconoció que “este presupuesto está muy distante del que había formulado la universidad”: “Espero que en la elaboración del próximo tengamos tiempo para presentarlo ante el Parlamento, que es el lugar donde tenemos que reclamar”.
La otra aprobación clave (por unanimidad) fue la propuesta de rectorado de que todos los recursos generados por la explotación del patrimonio de la universidad deben ingresar por tesorería de la UBA o de las facultades. El consejero por la minoría de graduados Gustavo Bulla consideró que la medida tiene “un inocultable contenido político: transparentar los fondos públicos”. El decano de Veterinarias, Rubén Hallú, apoyó la norma, pero advirtió que podría generar inconvenientes: por ejemplo, en los casos en que, dentro de una facultad, funcionan bares o locales de apuntes regenteados por centros de estudiantes sin pagar canon alguno. El rector aclaró que no se pretendía avanzar sobre la autonomía de los centros estudiantiles. Y agregó: “Esto va a traer inconvenientes en muchos sentidos, pero es el inicio de un camino que vale la pena seguir”.