Por León Rozitchner, Horacio González, María Pía López, Jaime Sorín

Los acontecimientos recientes en la Facultad de Ingeniería de la UBA ofrecen una cruda lección a la comunidad universitaria en su conjunto. Según cómo se resuelvan, la Universidad de Buenos Aires podría pasar de ser una comunidad educativa problemática pero vital, para pasar a ser una comunidad sin ley, una comunidad presa de fuerzas privatistas y sin reales intereses cognoscitivos. En medio de conocidas dificultades, la universidad pública busca un destino para los conocimientos, las profesiones y los legados culturales y técnicos de la sociedad. Esta búsqueda dejará de tener sentido y la Universidad de Buenos Aires podrá convertirse en una comunidad deslegitimada, si predominan las aspiraciones de grupos particularistas y facciosos que actúan en este dramático momento de verdadera impasse nacional (y también universitaria).
Una comunidad deslegitimada es la que ya no cree en los motivos explícitos que la fundan y congregan. Algo de esto se nota en la creciente precariedad de los trabajos y empeños universitarios de conocimiento y en la aparición de criterios de evaluación que cada vez más segmentan los claustros. La vida interna universitaria parece componerse ahora de diversos tabernáculos que, en un debate de sordos, sustituyen el argumento por la acusación y el conocimiento por el peritaje.
A los problemas edilicios y presupuestarios se suma que la percepción de recaudaciones adicionales a través de “Fundaciones Universitarias” que contratan servicios para terceros –avalados por facultades– no cuenta con ámbitos adecuados para que se tomen decisiones igualitarias, que no separen los intereses de la universidad de los intereses sociales colectivos, sobre todo de los sectores del país más sufrientes. Pero es hora de declarar que todos los recursos que lleguen a la universidad deben fundarse en vínculos de provecho colectivo y público.
Miles de personas ingresan a la universidad no por cálculos particularistas sino por afán de adentrarse en los debates actuales, fuente de las profesiones y de su horizonte de desempeño cabal. ¿Cómo se lograría esto si el interior de la universidad pública está desmantelado por estilos y actuaciones que ya no creen que es ella misma la que debe generar su propia autoridad y autoconocimiento? No debe haber en la universidad intereses particulares superiores a la universidad misma. Ella debe orientarse por el sentido colectivo de la realización de un saber sensible hacia las angustias contemporáneas y el desvalimiento de la historia común. Por eso, la querella de Ingeniería, cuya resolución democrática es vital para inclinar nuevamente la universidad hacia sus fuentes vivificantes, debe resolverse –porque la asiste el legado de un vasto pensamiento jurídico y la ansiedad por el saber que subsiste en todos los claustros– por la reposición de su legítimo decano, el ingeniero Bruno Cernuschi Frías, y por el privilegio de la palabra común y la readquisición del sentido democrático de los procederes.