¿Cuántos pobres y desnutridos produjeron las elevadas tasas que Argentina les pagó a las consultoras internacionales durante los ’90? Néstor Kirchner formuló esa pregunta ayer, al presentar un convenio que llevará a las universidades nacionales a funcionar como consultoras privilegiadas del Estado en el área de desarrollo social, brindando asistencia técnica, capacitación y asesoramiento. En la Casa de Gobierno, frente a los rectores universitarios y funcionarios, el Presidente resaltó el “rol central de las universidades en la construcción del proyecto estratégico que necesita la Argentina” y en la definición de “un pensamiento y un proyecto nacional que contenga a todos”: “Deben convertirse en la columna vertebral de la consolidación del conocimiento argentino”.
El acuerdo firmado por los ministros de Desarrollo Social, Alicia Kirchner; de Educación, Daniel Filmus, y los miembros del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) les permitirá a las casas de estudios universitarios y terciarios avanzar en lo normado por un decreto de Kirchner que, modificando el régimen de contrataciones del Estado, autoriza la contratación directa de las universidades por parte de las entidades estatales.
Concretamente, el convenio sellado ayer a la mañana canalizará la colaboración de los investigadores y profesores, la masa crítica de las universidades, hacia las prestaciones científicas o técnicas que requieran el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales y el Ministerio de Desarrollo Social, tanto para el diseño como para la instrumentación de planes y programas.
Como trasfondo, el acuerdo evidenció un fuerte contenido político. Kirchner celebró el fin del fundamentalismo según el cual no había “posibilidad de analizar ideológicamente al país y lo que importaba era cerrar una ecuación económica... Esa fue la década del ’90 que consolidó un modelo de concentración, de injusta concentración del ingreso y con absoluta exclusión social”. En esa línea, pidió “hacer un racconto de cuánto le costaron al país las consultorías contratadas durante los últimos 10 o 15 años. ¿Cuánto costaron las comisiones de estas consultorías y cuáles fueron los trabajos realizados y los conocimientos y el provecho que les dejaron al Estado y al pueblo argentino?... Seguramente ha habido consultoras nacionales serias y responsables, pero ha habido también un sinnúmero de sucursales (de consultoras internacionales) que a lo que se dedicaron fue a comisionar muy fuerte”.
Finalmente, el Presidente reclamó “aprovechar a pleno la colaboración de las universidades” para no “tener que seguir soportando que venga cualquier funcionario a decir que el gasto social no llega a quien debe llegar”, alusión directa a las críticas formuladas desde el Banco Mundial.
Con la designación de las universidades como consultoras privilegiadas, el propósito oficial es habilitar un mejor aprovechamiento de los recursos humanos y materiales de las casas de estudios y, a la vez, agilizar el acceso a esos recursos por parte del Estado. Al ser el primer organismo en suscribir un convenio en ese marco, el Ministerio de Desarrollo y sus dependencias se evitarán tener que concursar la obtención de servicios por parte de las universidades. “El objetivo es construir una red sólida de vínculos que permita cualificar las políticas sociales de la Nación a partir de la investigación, el monitoreo, la evaluación y la asistencia técnica”, definió la ministra Alicia Kirchner. Por su lado, el Consejo Interuniversitario Nacional –donde se agrupan los rectores de las casas de estudios públicas– consideró que la decisión ratificada ayer implica “un reconocimiento a la universidad y sus docentes” y tiene “importancia presupuestaria, académica y laboral”.