Con 70 mil estudiantes, la Universidad de San Pablo recibe del Estado brasileño un presupuesto anual de 440 millones de dólares. Con 260 mil alumnos, la Universidad Autónoma de México cuenta con un aporte estatal de 1400 millones de dólares. Con 325 mil estudiantes –una matrícula que se aproxima mucho a la que suman las instituciones citadas–, la Universidad de Buenos Aires (UBA) tiene un presupuesto público de 111 millones de dólares. Apelando a esa comparación y a unas cuantas razones más, el Consejo Superior de la UBA elaboró un proyecto presupuestario para 2005. “Para poder llevar a cabo con decoro las funciones que se establecen en sus bases, es decir, las actividades de docencia, investigación y extensión universitaria”, la UBA le está solicitando al Congreso y al Gobierno un incremento del 158 por ciento para el año próximo: concretamente, un aumento de 519 millones de pesos sobre los 327,6 millones de este año. Claro que, a la luz del presupuesto que vienen discutiendo los demás rectores universitarios y el Ministerio de Educación, las posibilidades de que se lo concedan son nulas (ver aparte).
Por iniciativa del Rectorado, la UBA calculó los fondos que necesitará para funcionar el año que viene a partir de las necesidades expresadas por cada una de sus facultades. El proceso se realizó a lo largo del primer semestre y concluyó este miércoles, al ser aprobado en sesión del Consejo Superior. “Si bien sabemos que difícilmente consigamos el aumento, la presentación es lo suficientemente sólida como para abrir el debate y empezar a cambiar la situación de la educación”, confió un decano en diálogo con Página/12.
En este 2004, la Ley de Presupuesto le destinó a la mayor universidad del país 327,6 millones de pesos. Ahora, la UBA pretende que se le asignen 846,6 millones para 2005. Con el fin de explicar por qué esa cifra no es desproporcionada, el Consejo Superior recordó que desde 1996 el presupuesto de la institución –considerado en moneda corriente– sólo aumentó un 18 por ciento, por lo que “la asignación de recursos a la UBA por parte del Estado nacional no ha guardado en los últimos años relación alguna con la evolución de las actividades que en ella se realizan, lo que ha puesto en serio riesgo el cumplimiento de sus fines”.
Para ilustrar la crítica situación, la resolución explica que en 1996 la matrícula estudiantil contaba 183 mil alumnos, mientras que hoy son unos 325 mil, un aumento del 80 por ciento. En aquel año se “atendía esa demanda con 21.688 cargos docentes, en tanto en 2003 éstos sólo se han incrementado a 31.818, es decir, un 47 por ciento”, lo que “arroja una relación promedio de alumnos inscriptos por docente rentado de más de 44, que en algunas unidades académicas llega a 118, lo que constituye valores sumamente alejados de los estándares educativos corrientemente aceptados”.
También enumera el desfinanciamiento de la inversión en ciencia y técnica, en el área de salud y luego sigue la comparación con otras universidades latinoamericanas.
Además, la resolución del Consejo Superior detalla el destino que se daría a los 846,6 millones. Entre otras cosas, se dirigirían a actualizar los salarios de docentes y empleados en un 15 por ciento, a incrementar la dedicación de los cargos docentes, crear nuevos cargos de profesores regulares, reducir la cantidad de cargos ad honorem, aplicar un nuevo escalafón al personal no docente, financiar nuevos proyectos de investigación, duplicar el número de becas de ayuda económica, renovar equipos y realizar obras en edificios “cuya situación actual puede poner en riesgo la seguridad de personas y bienes”, incluidos 20 millones para refaccionar la futura sede de la Facultad de Ciencias Sociales.
El proyecto de presupuesto fue aprobado tras largo debate. Las principales objeciones surgieron del claustro estudiantil y de los gremios de docentes y no docentes. “La cifra que pide la universidad es importante”, reconoció Néstor Correa, del gremio AGD. “Pero contemplar sólo un aumento salarial del 15 por ciento no es suficiente. Además, tampoco se incluye el blanqueo de los adicionales que, en muchos casos, representan la mitad del sueldo.” Agustín Vanella, consejero por la mayoría estudiantil, criticó que los recursos propios generados por la universidad (a través de servicios, pasantías, cursos, etc.) se incluyan en el presupuesto (el año que viene serían unos 148,5 millones). “Es como legitimar que esos fondos sostienen el funcionamiento de la universidad, cuando el Estado debería hacerse cargo de todo el financiamiento”, dijo. Por esas y otras razones, la FUBA, la AGD y Apuba pidieron que se extendiera durante dos semanas más el debate del futuro presupuesto. Pero el cuerpo no lo aceptó y la mayoría de los consejeros levantó sus manos para aprobar el proyecto. El paso siguiente será presentarlo ante la Cámara de Diputados.