¿Quién debe velar por la seguridad de las personas y bienes de la universidad? Las autoridades de la UBA no acuerdan si tiene que hacerlo el personal no docente o si corresponde contratar a una empresa privada de vigilancia. Sí parece haber consenso sobre quién no puede hacerlo: un hombre vinculado con la represión y el terrorismo de Estado. Al menos eso quedó claro en la última sesión del Consejo Superior de la universidad, cuando se trató un complicado problema: la licitación recién llamada para contratar una agencia de vigilancia para los edificios del Rectorado fue adjudicada a la Cooperativa Fast, cuyo jefe de seguridad es Félix Alejandro Alais, ex miembro de la Triple A, cuñado del genocida Guillermo Suárez Mason y represor de alumnos y docentes de la Universidad Nacional del Sur en 1976. La adjudicación fue revocada por el rector de la UBA, Guillermo Jaim Etcheverry, pero intensificó el conflicto entre las autoridades y los empleados del Rectorado, además de abrir un problema jurídico para la universidad. Fast no sólo tiene autorización legal para brindar sus seguros servicios, sino que ya lo hace en varias dependencias del Estado, incluido el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet).
Desde que fue tomado por estudiantes durante más de 40 días, en 2002, el Rectorado de la UBA tiene seguridad privada en sus sedes de Viamonte 444, Reconquista 694, Hidalgo 1067 y Corrientes 2038, entre otras. La licitación para proveer el servicio en los próximos seis meses fue adjudicada a Fast Cooperativa de Trabajo Limitada, por hacer la mejor oferta (256 mil pesos). La primera denuncia contra la agencia fue realizada por la comisión interna no docente del Rectorado, luego apoyada por el gremio Apuba y la mayoría estudiantil de la UBA, quienes anteayer presentaron en el Consejo Superior un proyecto para revocar la contratación. Antes, el martes pasado, el rector ya la había dejado sin efecto.
El responsable legal de Fast es Hernán Alais, un suboficial retirado de la Armada, y el jefe operativo es su hermano, Félix Alejandro Alais, conocido como “el oso” y cuyo nombre figura en los archivos de las organizaciones de Derechos Humanos como integrante de la Alianza Anticomunista Argentina. En el área de documentación del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) consta que “el oso”, como subcomisario de la Policía Federal, fue subdelegado en Bahía Blanca, donde pergeñó con su inmediato superior, comisario Carlos Baldovino, el plan represivo instrumentado en la universidad asentada en la ciudad. A eso se refiere el proyecto elaborado por alumnos y no docentes cuando señala que Alais “está sindicado como integrante de los aparatos represivos que persiguieron, secuestraron, torturaron y asesinaron durante la dictadura militar iniciada el 24 de marzo de 1976, ocupándose especialmente de la persecución ideológica de la comunidad universitaria de la Universidad Nacional del Sur” (UNS).
A principios de agosto del ’76, tras un allanamiento realizado en la UNS, los diarios La Razón y La Nación consignaron declaraciones de Alais sobre “la forma en que esta gente, por los subversivos, llega o se implanta en la República Argentina... y cómo logra extenderse en su accionar a todas las casas de estudio del país”. Para él, ese proceso tuvo fecha y lugar precisos: “Allá por 1968, en la Universidad de Buenos Aires, y específicamente en la Facultad de Ciencias Económicas”, donde “comienzan con sus patrañas, con sus engaños”. Otro dato recabado por los no docentes: según el libro Como los nazis, como en Vietnam, los campos de concentración en la Argentina, de Alipio Paoletti, Alais participó en el primer asesinato cometido por la AAA, que tuvo como víctima al abogado Rodolfo Ortega Peña en julio de 1974.
Félix Alejandro Alais es uno más de los represores que eludieron a la Justicia gracias a la Ley de Punto Final.
Dentro de la UBA, la comisión interna del Rectorado vinculó la contratación de Fast a una “derivación de concepciones autoritarias” del gobierno encabezado por Jaim Etcheverry. Acusación que indignó al rector: “Dudar de las intenciones del Rectorado hacia este tema es un insulto más... Desconocíamos estos hechos”. Además, aseguró que se van a tomar todas las medidas para evitar que personas relacionadas con el terrorismo de Estado trabajen en la UBA.
Por lo pronto, el problema es legal. Sin mencionar el prontuario de Alais, la resolución de Jaim Etcheverry revocó la contratación apelando a “una eventual evasión fiscal y previsional” y dándole cinco días a Fast para demostrar que cumple la normativa vigente. Según confió un funcionario a Página/12, al haber ganado la licitación Fast puede reclamar ante la Justicia su derecho a ser contratada: “Estamos pensando hacer una presentación basada en el compromiso de la universidad pública con los principios democráticos”.