La Universidad de Buenos Aires enfrenta una “imposibilidad material de iniciar las clases en el 2005”. Así se pronunció el claustro de profesores de la institución, en la última sesión del Consejo Superior. En el mismo ámbito, el rector Guillermo Jaim Etcheverry advirtió sobre “la crisis institucional que se producirá indefectiblemente” al ser aprobado por el Congreso un presupuesto indiferente a las necesidades planteadas por la UBA (que, como se recordará, había solicitado una triplicación de fondos).
El principal problema para la UBA, según sus autoridades, proviene de la merma en los recursos dirigidos a sostener el funcionamiento de la casa: respecto de 2004, el año próximo caerán casi un 50 por ciento. En ese contexto, Jaim Etcheverry anunció que la semana que viene elevará su reclamo al Gobierno y buscará una entrevista con el presidente Néstor Kirchner.
En la sesión del miércoles, las autoridades y los consejeros superiores de la UBA no tenían ninguna esperanza de que el Senado incrementara el presupuesto previsto para el próximo ciclo lectivo. Y hacían bien, porque ese mismo día la Cámara alta se limitó a aprobar lo girado por Diputados, es decir, prácticamente el mismo monto elevado por el Poder Ejecutivo. Para el conjunto de las universidades, el presupuesto 2005 será de 2255 millones de pesos (a lo que se agregarán partidas administradas por los ministerios de Educación y de Planificación).
La asignación directa a las universidades suma, este año, 2028 millones. Pese a que la comparación entre ambos montos arroja un moderado aumento, el Rectorado de la UBA destacó que crecieron las partidas dirigidas a salarios en desmedro de las destinadas a financiar el funcionamiento. Esto ocurrió porque se incluyeron en el presupuesto universitario, anualizados, los incrementos asignados a docentes y empleados durante este año (mediante la reasignación de partidas especiales). Así, la UBA señala que en 2002 recibió 74 millones para funcionar (era el 21,3 por ciento de su presupuesto), en 2003 60 millones (el 16,4 por ciento), en 2004 26 millones (el 7,3). Según las previsiones, el año próximo dispondrá de unos 15 millones (el 3,5) para afrontar los servicios de luz, gas, teléfono, los impuestos, el mantenimiento de aulas y bibliotecas, el funcionamiento de los laboratorios y los hospitales, otorgar becas y otros gastos.
“Los discursos oficiales abundan en expresiones elogiosas para la educación superior y los logros de nuestros científicos e investigadores, pero las palabras no alcanzan para modificar la gravísima situación en la que nos encontramos”, expresaron los profesores Juan Azcoaga, Gabriel Binstein, Fortunato Mallimaci, Ernesto Podestá, Oscar Santanatoglia, Juan Vilas y Alfredo Yantorno, representantes del claustro docente en el Consejo Superior de la UBA. “Estamos enfrentando de manera positiva las penurias presupuestarias: nuestros docentes todavía enseñan e investigan, nuestros alumnos estudian y nuestros trabajadores aún trabajan. Pero la situación actual nos está llevando, inexorablemente, a desembocar en la imposibilidad material de iniciar esas actividades en el próximo año”, concluye el escrito difundido por los profesores.
Similar postura sostienen los demás consejeros de la casa. Para el decano de Agronomía, Fernando Vilella, el presupuesto “está muy lejos de permitirnos funcionar. Los gastos de funcionamiento previstos no nos permiten empezar las clases en marzo... Esto sin considerar la necesidad de aumentar los salarios de los docentes y no docentes”. El titular del gremio no docente Apuba, Jorge Anró, consideró la situación como de “gravedad extrema”. “Se bajó el presupuesto real de la universidad... Creo que esto no está claro ni siquiera para algunos funcionarios del Gobierno.”
La semana que viene la UBA intentará revertir la situación. El rector Jaim Etcheverry comentó que, una vez aprobada la ley presupuestaria en el Senado, se encontraría con el ministro de Educación, Daniel Filmus. En la reunión le anticipará su deseo de tener una entrevista con Kirchner para intentar evitar un conflicto que, de no mediar una redistribución o un aumento de fondos vía los superpoderes del Ejecutivo, tendrá la misma fecha que el próximo inicio de clases.