En nuestro carácter de docentes de la Facultad de Derecho (UBA) queremos expresar nuestra disconformidad por el ofrecimiento que se nos ha realizado para dictar en forma ad honorem el curso “Igualdad ante la ley en la Constitución nacional” del Ciclo Profesional Orientado de Abogacía, a iniciarse en marzo de 2005. Nuestra vocación por la docencia y nuestro compromiso personal de devolver a la universidad pública en agradecimiento a la educación de alta calidad que nos fuera impartida como estudiantes hacen que no tengamos ningún interés económico al realizar nuestra labor en este ámbito. Sin embargo, discrepamos firmemente con la política iniciada por la facultad de ofrecer a los profesores el dictado de cursos del ciclo de especialización en forma totalmente gratuita. Esta decisión, que suponemos ha sido adoptada como una política para resolver problemas presupuestarios que debe estar atravesando la facultad, implica en la práctica que se haga depender la normal continuidad en los estudios de los alumnos de la buena voluntad de los profesores que adhieran a esta propuesta. Si se aceptara y avalara esa política, habilitándose el avance en este tipo de recortes –que suponen un manifiesto perjuicio en la calidad educativa para los futuros abogados, que tendrán una encomiable tarea que cumplir en el futuro de este país–, no sólo se estaría aceptando una solución problemática para este presente sino que los docentes que participáramos en su implementación pasaríamos a formar parte potencial, hacia el futuro, de la primera camada de profesores que toleraron la implementación de estas prácticas.
No conocemos antecedente alguno en otros países, de una Facultad de Derecho que incluya como parte de su estrategia educativa el dictado masivo de cursos ad honorem para alumnos avanzados de la carrera. Tampoco conocemos ningún caso de una Facultad de Derecho que haya mantenido niveles decentes de educación promedio con cuerpos de profesores no rentados y, si de algo sirve la experiencia comparada, es al menos para conocer los resultados de la implementación de diversas políticas. Es claro que la universidad pública –y particularmente, la Universidad de Buenos Aires– atraviesa por un delicado momento que redunda en una mengua en la calidad de la educación que allí se imparte. Quienes tratamos cotidianamente con graduados recientes percibimos claramente las consecuencias de esos problemas, que constituyen una realidad difícil de modificar. Sin embargo, entendemos que la solución a esas dificultades no puede pasar por continuar bajando la calidad educativa a través de recortes en los salarios de los docentes y, menos aún, solicitándoles que dicten cursos sin ninguna retribución económica a cambio (ni siquiera el costeo de los viáticos o de los materiales mínimos para el dictado de las clases). En todo caso, debería pensarse en soluciones más creativas que impactarían directa o indirectamente en la relación ingreso-gasto de la facultad, entre ellas: promover activamente la donación de fondos por parte de los graduados, ofrecer más activamente los servicios profesionales de la facultad para una diversidad de actividades que podrían aprovechar de ellos, elevar la exigencia de los cursos básicos, solicitar alguna colaboración económica a los alumnos que estén en condiciones de hacerlo (tal como se hace, por ejemplo, en los colegios secundarios dependientes de esta universidad), etcétera.

* Docentes de la Facultad de Derecho (UBA), en la cátedra del profesor Roberto Gargarella.