Multiplicada por las inminentes elecciones de claustros y autoridades, la ya habitual crisis presupuestaria de la Universidad de Buenos Aires cruza hoy un doble frente de conflicto. Hacia afuera, los problemas con el Gobierno: el rector Guillermo Jaim Etcheverry ha reiterado que la institución necesita el doble de los fondos previstos para este año; además, los funcionarios de la universidad advierten que, a la fecha, los giros del Ministerio de Economía están demorados. Hacia adentro, la conducción de la UBA no sólo no ha podido aún acordar la distribución del actual presupuesto (de hecho, la institución hoy se maneja con una prolongación del presupuesto aprobado en 2004), sino que enfrenta serios cuestionamientos por el destino aún no aclarado de unos 120 millones de pesos, planteo que provocó la creación de una comisión especial de investigación.
Gracias a un acuerdo con la AFIP, en los últimos años la UBA gozó de una reducción en sus aportes patronales. Se calcula que el monto ahorrado sería de entre 100 y 120 millones de pesos y que se habrían usado para tapar “agujeros” presupuestarios en el Hospital de Clínicas, la obra social Dosuba y algunas unidades académicas. Pero no está nada claro si fue así. La falta de explicaciones y respaldo sobre el uso de esos ahorros ya le costó la renuncia al secretario de Hacienda de la universidad, cargo que sigue vacante. En ese contexto, el Consejo Superior (CS) de la UBA resolvió en su última sesión que dos decanos (Federico Schuster, de Sociales, y Carlos Degrossi, de Económicas), tres consejeros (Ernesto Podestá, por profesores, José Luis Giusti, graduados, y Agustín Vanella, alumnos) y un representante no docente (Jorge Anró) tendrán noventa días para investigar e informar qué hizo la administración de la universidad con una suma que también debe determinarse.
La creación de la comisión investigadora generó una intensa discusión en el CS. “Para que se lea como una derrota del rector, algunos querían una Santa Inquisición, una comisión con plenos poderes, incluso para sumariar –explicó un consejero, tras pedir reserva de su nombre–. Pero se acordó que la comisión tendrá atribuciones para investigar cuánto ahorró la UBA desde la época de (Oscar) Shuberoff, cómo se gastaron esos fondos y si correspondía o no hacerlo. Lo fundamental es corregir los errores y tratar de que no se repitan.”
Desde el Rectorado se intentó desinflar la crisis. En diálogo informal con este diario, un miembro del gabinete de Jaim Etcheverry estimó que “se están exagerando las cosas”. “Los fondos ahorrados por aportes patronales se aplicaron a gastos y necesidades incuestionables de la universidad. Lo que se está señalando es que no hubo autorización previa del Consejo Superior para usar los fondos. Y la verdad es que antes esto no pasaba porque ni siquiera se tenía noción de que existían esos fondos. Recién en 2004 se empezó a transparentar el manejo de los recursos propios.” El mismo funcionario hizo hincapié en que los cuestionamientos “los llevan adelante ex miembros de la gestión anterior”, referencia para Giusti, que fue secretario de Hacienda cuando Shuberoff era rector.
“La UBA vive hoy una anarquía política. No hay ningún sector con poder real. El rector está pagando el costo político por el conflicto de los aportes patronales y esto dispersó las fuerzas –opinó Jorge Anró, titular del gremio Apuba–. Estamos a fines de mayo y no hay presupuesto 2005 aprobado, por lo que muchas cosas están paralizadas, no se pueden autorizar nombramientos, por ejemplo. En ese contexto, algunos sectores apuntan al Gobierno para abroquelar a todos, pero es una válvula de escape. Hay que buscar un modelo de acuerdo interno y con las autoridades nacionales para encontrar soluciones reales.”
Con ese complicado escenario puertas adentro, Jaim Etcheverry volvió a hacer público, durante los últimos días, su reclamo de más fondos. Avisó que “la UBA atraviesa una seria situación económica y financiera que compromete la posibilidad de seguir realizando sus actividades de enseñanza, investigación y asistencia médica a la comunidad”. El rector recordó que la universidad calculó que precisaría 855 millones de pesos para funcionar normalmente este año, no obstante lo cual se le asignó un crédito total de 442 millones, “algo menos del 52 por ciento de aquella estimación”. No sólo eso. Según los cálculos del Rectorado, hay una demora en el giro de los fondos presupuestados: a esta altura del año, la UBA debería haber recibido 20 millones más. Consultado por Página/12, el secretario de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación, Juan Carlos Pugliese, reconoció “un pequeño atraso por cuestiones técnicas” en el envío de las partidas, pero aseguró que “al 30 de junio se habrá ejecutado el 50 por ciento del presupuesto de la UBA”. Lo que rechazó fue la insuficiencia de recursos denunciada: “Si el año pasado le alcanzaron los fondos, ¿por qué no ahora? ¿Qué ha cambiado? Lo único es que hay cierto desorden administrativo que debe ser arreglado. Sabemos que el presupuesto de la UBA es bajo y estamos dispuestos a aumentarlo, sobre todo en los salarios”.