Las posibles irregularidades en tres universidades nacionales inquietan al Ministerio de Educación. Se trata de situaciones muy diferentes que, sin embargo, generan una consecuencia común: la sospecha sobre el destino de los fondos dirigidos a la educación pública, justo cuando gobierno e instituciones, además de docentes y estudiantes, cada uno con sus modalidades, promueven un aumento presupuestario para el sector. “La contemporaneidad de los problemas que atraviesan las universidades de La Matanza, de la Patagonia San Juan Bosco y el IUNA pueden poner a la universidad pública en el lugar de los vicios de administración y la corrupción –admitió, consultado por este diario, el secretario de Políticas Universitarias, Juan Carlos Pugliese–. Estos temas deben ser aclarados para que podamos mejorar el financiamiento de las universidades. El ministerio está contribuyendo con la Justicia con toda la información que se le ha requerido.”
- El caso de la Universidad de La Matanza (UNLaM) se hizo público en las últimas semanas a partir de las acusaciones cruzadas (solicitadas mediante) entre dos ex socios políticos: Daniel Martínez, rector de la UNLaM, y Alberto Pierri, presidente de la Fundación UNLaM. Los hoy enemigos trabajaban juntos en el Congreso durante los ‘90. Cuando Pierri presidía la Cámara de Diputados, Martínez era director de Contaduría. Después de lograr en 1989, ya bajo gobierno menemista, que se concretara su proyecto de creación de la UNLaM, el entorno de Pierri fue llevando a la universidad a varios empleados parlamentarios. Martínez asumió como rector en 1999 y en marzo pasado fue reelegido ¡hasta 2011!
Mientras, desde 2003, está siendo investigado por la Justicia en dos causas. Una es por los cargos de amenazas, asociación ilícita, falsificación de instrumento público, defraudación al Estado (el mes pasado, la sede de la universidad fue allanada en busca de pruebas). La otra causa investiga la titularidad de Martínez de una cuenta en el banco Lehman Brothers (EE.UU.), con 611 mil dólares. El problema es que esa cuenta no fue incluida en las declaraciones juradas públicas de patrimonio, realizadas ante el Ministerio de Justicia entre 1999 y 2003, en las que sí figuran, por ejemplo, sus ingresos anuales como rector: 120 mil pesos en el último año.
En una conferencia de prensa, el martes, Martínez se defendió diciendo que las acusaciones son falsas. Para el rector, se trata de una campaña orquestada por Pierri porque la universidad le está exigiendo la cesión del predio donde funciona, donado en 1990 por el Estado para construir la casa de estudios, pero curiosamente escriturado como propiedad de la Fundación UNLaM. “Ante nuestro pedido de escrituración a favor de la UNLaM y en defensa de la universidad pública y gratuita, la respuesta fue el silencio y una campaña de desprestigio”, dijo Martínez. Hasta ahora, la gestión de la UNLaM ha contado con apoyo de las demás autoridades universitarias: Martínez preside el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y su vicerrector, Víctor Nicoletti, preside la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (Coneau).
- Desde su creación hace una década sobre la base de las antiguas escuelas de arte porteñas (la Prilidiano Pueyrredón, la Cárcova, el López Buchardo y demás), el Instituto Universitario Nacional del Arte (IUNA) nunca pudo superar sus conflictos internos, políticos y académicos. Para describir la actual fractura entre el Consejo Superior y el rector Raúl Moneta, basta señalar que el IUNA no sólo no ha podido aprobar su presupuesto 2005, sino que aún no votó el 2004 (que, por supuesto, ya fue ejecutado). La última reunión del Consejo Superior fue en diciembre pasado y término en forma escandalosa.
Según informó a este diario un conjunto de docentes, alumnos y no docentes opositores han denunciado y realizado presentaciones contra Moneta ante la Oficina Anticorrupción, la AGN y la Sigen, “por ilícitos económicos”, porgestionar “al margen de las reglas del estatuto del IUNA, a espaldas del Consejo Superior y de los órganos democráticos de gobierno”, también por “imponer un reglamento administrativo autoritario y personalista” para atribuirse “hasta la capacidad de hacer decretos y decidir el carácter secreto del trámite que se le ocurriera”. A su vez, el cuestionado rector acusó públicamente a “una ínfima minoría de consejeros” de ejercer “violencia antidemocrática” y una “actitud desestabilizadora”. A través de una solicitada, se defendió: “Jamás he firmado disposición o resolución alguna arrogándome facultades o atribuciones que no me corresponden”. También planteó que no ha convocado las sesiones del órgano de gobierno “por la falta de garantías para con las personas y bienes”.
- En la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, con sedes en Chubut, los problemas judiciales se vinculan a un contrato para desarrollar obras de mejora y ampliación edilicia, realizado en 2001. Un ex auditor interno de la casa denunció ante la Justicia Federal la contratación directa y el supuesto pago de sobreprecios a la empresa Tecneco, entre otras posibles irregularidades. Hay una causa civil y otra penal abiertas. El mes pasado, la situación se complicó un poco más para la gestión del rector Hugo Bersán: el Banco Chubut inició las tramitaciones para cobrar los 6 millones de pesos que, para financiar aquellas obras edilicias, le prestó a la universidad en un procedimiento que tampoco está aún del todo claro.