¿Qué cambios pretenden los alumnos para la ley que rige la educación superior? Si bien fue elaborado por la dirigencia estudiantil, parte de la respuesta se desprende del anteproyecto recién terminado por la Federación Universitaria Argentina (FUA) con la idea de abrir el debate y elevar al Congreso una propuesta de consenso en septiembre. “Centralmente, buscamos recuperar la autonomía universitaria –dijo a este diario el vicepresidente de la FUA, Marcos Duarte (Franja Morada)– y sentar posición en temas fundamentales para el movimiento estudiantil, como la gratuidad y el ingreso libre.” Además, proponen llevar la participación de los alumnos a los organismos de evaluación y coordinación universitaria, regular el funcionamiento de las instituciones privadas y garantizar un aumento del financiamiento educativo.
En los diez años que lleva de vigencia la Ley de Educación Superior (LES), la resistencia estudiantil a la norma tuvo altibajos pero nunca cedió. En los últimos meses hubo marchas y protestas, convocadas tanto desde la FUA, presidida por Franja Morada, como desde la oposición de izquierda. Sin contar con el rechazo a la LES que comparten las federaciones docentes y gran parte de los rectores que integran el Consejo Interuniversitario Nacional. Incluso el Ministerio de Educación apoya reformar la norma en el Congreso. En ese contexto, con diferentes actores de la comunidad educativa promoviendo alternativas para modificar o derogar la ley vigente, la FUA terminó de elaborar la semana pasada su propuesta. “Es un anteproyecto para abrir la discusión y empezar a buscar consenso –comentó el presidente de la federación, Maximiliano Abad–, para avanzar en la derogación de las leyes de educación menemistas, verdaderos artilugios legales del neoliberalismo.”
Los puntos centrales del anteproyecto son los siguientes:
- Estudiantes: entre sus derechos se especifican la gratuidad de los estudios, el ingreso directo (los cursos de acceso no pueden ser eliminatorios), la participación estudiantil en los jurados de concursos docentes. También se busca institucionalizar los centros de estudiantes (uno por facultad), las federaciones (una por universidad) y a “la FUA como única entidad nacional representativa del sector”.
- Docentes: tienen derecho a la libertad de pensamiento, la gratuidad de posgrados y cursos de perfeccionamiento, un salario digno, a concursar su cargo y a participar del cogobierno a través de un claustro único.
- Cogobierno: la FUA pretende que entre estudiantes y docentes conformen el 80 por ciento de los consejos directivos y superiores. El resto, graduados y no docentes.
- “En casi todos los temas de conflicto dentro del sistema universitario intervienen presiones del sector privado. En los debates por el arancel o por la restricción del ingreso se ve claramente”, estimó Duarte. Por eso, la FUA aspira a reglamentar el funcionamiento de las universidades privadas, “transparentar los subsidios que reciben del Estado”, “garantizar su autonomía respecto de las fundaciones que las financian”, exigirles concursos docentes y cogobierno. Para la dirigencia estudiantil, “es un contrasentido que crear una universidad pública requiera una ley del Congreso y crear una privada, sólo un decreto”.
- En lugar de la actual Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (Coneau), la FUA propone una Agencia de Evaluación, no dependiente del Poder Ejecutivo sino del Congreso, y con la mayoría de sus miembros designados directamente por rectores, docentes y alumnos. La agencia no tendría potestad para acreditar.
- El anteproyecto aspira a delegar las facultades de coordinación y planificación del sistema en un Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) reformado: ya no sólo integrado por rectores, sino también por representantes de la FUA y de las federaciones docentes. Las decisiones de ese CIN serían vinculantes para las universidades, siempre que fueran avaladas por dos tercios de sus miembros. ¿No implicaría esto una mermapara la autonomía? “No, porque se trataría de cuestiones muy generales –comentó Duarte–. Sin alguna base de autoridad, el CIN sería sólo un espacio de catarsis.”
- “El financiamiento de las universidades nacionales estará a cargo del Estado nacional de manera indelegable y deberá alcanzar, como mínimo, el 6 por ciento del PBI”, se ilusiona el anteproyecto de ley.
En busca de apoyo para su iniciativa, la FUA está lanzando una campaña de recolección de firmas en todas las universidades y una serie de foros de debate, para presentar en el Congreso una propuesta más sólida.