Negado y postergado durante años, el Ciclo Básico Común (CBC) ha retornado ahora a la superficie de la Universidad de Buenos Aires como un complejo conflicto en el cogobierno académico. Tanto, que el reclamo judicial de sus profesores para poder ejercer su derecho al voto amenaza con suspender las elecciones que, en dos semanas, deberían renovar la conducción de todas las facultades. La amenaza mantiene algo exaltados los ánimos en la UBA. La última sesión del Consejo Superior fue monopolizada por una virulenta discusión que a un paso estuvo de innovar en la historia de la casa: por “falta de confianza” en la Dirección de Asuntos Jurídicos de la UBA, varios consejeros propusieron dejarla de lado y reemplazarla por la asesoría del Colegio Público de Abogados porteño. La propuesta no fue aprobada, pero quedó la sensación de que la mayoría de los consejeros, decanos incluidos, no quiere que el Rectorado (del que depende la dirección jurídica) maneje la representación legal de la UBA.
Como informó Página/12, una veintena de profesores del CBC solicitó una medida cautelar para que los comicios del claustro docente sean suspendidos. ¿Por qué? Los profesores del ciclo inicial, pese a que accedieron a sus cargos por concurso, no pueden elegir a sus representantes en el cogobierno ya que, pese a sus 20 años de vida, el CBC nunca fue institucionalizado como una unidad académica autónoma. Como solución provisoria, el rector Guillermo Jaim Etcheverry y los consejeros profesores habían propuesto que los 160 docentes en esa situación pudieran votar (sólo esta vez) en las facultades correspondientes a las materias que dictan. Sin embargo, el proyecto fue rechazado por la mayoría de los decanos y se aprobó que aquellos profesores sólo puedan votar como graduados. Cosa que enojó aún más a los profesores y los impulsó a pedir en la Justicia la suspensión del comicio hasta que se resuelva la cuestión de fondo: su incorporación en los padrones electorales.
El conflicto se manifestó abiertamente anteayer en el consejo que gobierna la UBA. “Para no dar más argumentos a los que quieren suspender las elecciones, no podemos dejar este tema en manos del Rectorado”, dijo José Luis Giusti, graduado radical. Junto a su compañera de bloque Gabriela Nasser propuso, ante la mentada “falta de confianza”, que la asesoría jurídica la ejerza el Colegio de Abogados de la Capital. En el mismo sentido, el decano de Derecho, Atilio Alterini, consideró “inconveniente que haya familiares en los dos extremos, el que hace la demanda y el que debe contestarla”, porque, detalló, el abogado patrocinante de los profesores es Jorge Sáenz, padre de la subsecretaria general y de Asuntos Jurídicos de la UBA, además de hombre cercano al rector.
La propuesta hizo bullir al consejo. “Presuponer una mala actuación del servicio jurídico es inferirle al personal un agravio que no merece”, dijo Jaim Etcheverry. Varios consejeros avisaron que pedir asesoría externa sería una forma de vulnerar la autonomía universitaria. Algunos decanos se despacharon contra quienes buscan solucionar problemas internos por la vía judicial. “Si los derechos de los profesores no hubieran sido conculcados, no existiría la presentación judicial ni el riesgo para las elecciones”, dijo Juan Vilas, consejero profesor, quien denunció “un doble juego” ya que, según dijo, Nasser se desempeña en el Colegio de Abogados.
Ahí no terminó el escandalete. “Sería un error reemplazar a una estructura administrativa de la universidad... Lo que hay en el fondo es una resistencia a la línea política que baja el rector”, apuntó Jorge Anró, no docente (Apuba). “El rector no baja línea política contraria al Consejo Superior –respondió el propio rector–. El servicio jurídico es independiente, pero si el cuerpo tiene desconfianza puede pedir la expulsión del personal por sospecha”, ironizó. Luego, varios consejeros asumieron la responsabilidad de no haberle dado una estructura adecuada al CBC, origen del conflicto puntual pero no del enfrentamiento político. Aunque, finalmente, todo el asunto se seguirá discutiendo en comisión (con el riesgo de devenir abstracto por la inminencia de las elecciones), la tendencia que pareció dominar fue la expresada por los decanos de Odontología y de Económicas: que la asesoría jurídica quede bajo el control del Consejo Superior o de una comisión ad hoc. Ante el revuelo, uno de los profesores demandantes aclaró: “No tenemos nada que ver con los problemas entre el rector, los decanos y demás consejeros. Sólo queremos ejercer nuestro derecho a votar”.