El décimo aniversario de la Ley de Educación Superior (LES) se cierra con los rectores universitarios definiendo los lineamientos de un proyecto para reformar o, directamente, reemplazar a esa controvertida norma. “Las universidades nacionales necesitan una ley marco, general, que no sea tan reglamentarista como la vigente”, planteó el actual presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Eduardo Asueta. La reforma de la LES y el vínculo de las casas de estudio con el medio social serán los debates centrales de las segundas Jornadas de Reflexión sobre la Educación Superior, que se harán hoy y mañana en Mar del Plata.
El Ministerio de Educación y el CIN acordaron este año elaborar propuestas de modificación del marco normativo, para presentarlas en el Congreso el próximo año. Con ese propósito se reunirán los rectores: “Vamos a trabajar en un proyecto para reemplazar la ley actual”, comentó Asueta, en diálogo con Página/12. La discusión estará organizada en torno de tres ejes: autonomía y autarquía de las universidades nacionales, evaluación y acreditación de las carreras y régimen salarial y administración del personal.
“¿Qué grado de autonomía deben tener las universidades para respetar la garantía prevista por la Constitución Nacional? Hay distintas visiones. La mía –dijo el titular del CIN– es que la LES avanza y vulnera el derecho constitucional de las universidades. Dispone muchas cuestiones que deberían poder decidir las mismas instituciones en sus estatutos.” La ley no sólo define la medida en que profesores, alumnos, graduados y no docentes pueden integrar el cogobierno académico. “También reglamenta cuestiones académicas, por ejemplo dice a quiénes se debe considerar alumnos, fija cargas horarias para las carreras de interés público.” Otro tema conflictivo es la composición de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (Coneau). “Consideramos que los procesos de evaluación son enriquecedores, pero no parece correcto que los evaluadores representen al Poder Ejecutivo y al Congreso –siguió Asueta–. La Coneau debería ser independiente del poder político, sólo integrada por académicos.”
Justamente, sobre el tema de la evaluación expondrá hoy el rector de la Universidad Nacional de Río Cuarto, Oscar Spada. “Hay que analizar la ley desde las condiciones sociopolíticas actuales, que son muy diferentes a las de hace diez años. La perspectiva de la evaluación incluida en la LES fue pensada en los ’90, con una visión economicista, centrada en la eficiencia. Hoy tenemos que mirar a la universidad desde otro punto de vista, más ligado a las necesidades sociales”, explicó. “Hay que trabajar para mejorar la calidad educativa, pero centrados en el alumno, en la vinculación con el Estado y la sociedad, en resolver los problemas nacionales.”
Consultado por este diario, Spada advirtió que, con el paso de los años, se perdió el sentido de la regulación incluida en la LES para las carreras de interés público. El artículo 43 de la ley indica que el Estado debe regular las carreras relacionadas directamente con la salud y la seguridad de las personas, como Medicina o Ingeniería. “Pero la ley terminó abriendo la puerta para que todas las carreras quieran ser consideradas de interés público, como una forma de conseguir fondos para financiar reformas o actualizaciones.” De todos modos, para Spada lo central es que “cualquier ley educativa debe partir del consenso entre docentes, estudiantes y miembros de la comunidad académica. Y no fue así como se construyó la ley vigente”.
Mañana, los rectores se dedicarán a analizar los avances producidos tras la primera jornada de reflexión, realizada en agosto de 2004, en Horco Molle (Tucumán). En aquel encuentro, las autoridades universitarias produjeron una declaración comprometiéndose a mejorar la pertinencia de la relación entre la universidad y el medio social, tanto en la actividadacadémica como en las tareas de investigación y de extensión. Tras la exposición de las diferentes experiencias desarrolladas, las jornadas concluirán con un nuevo documento.