Las autoridades universitarias no se ponen de acuerdo sobre cómo reformarla y la Obra Social de la UBA, mientras tanto, con sus 70 mil afiliados a la expectativa, se acerca al colapso. La discusión para reestructurar Dosuba se viene prolongando desde hace un año y medio y las partes –gremios y representantes de claustros– no logran consensuar cómo integrar su conducción ni qué pasará con sus más de 200 empleados. En paralelo, la crisis económica, el aumento de los insumos importados y la caída real de los aportes salariales están dejando en rojo las magras arcas de la obra social.
La Dirección de Obra Social de la Universidad de Buenos Aires (Dosuba) tiene como afiliados a unos 16 mil docentes y 10 mil no docentes, además de otros 44 mil familiares de ellos. Como su nombre indica, es una dependencia de la casa de estudios, no una entidad aparte, como ocurre en muchas universidades del país. Dosuba se financia con el aporte patronal (6 por ciento de los salarios) y el de los empleados (3 por ciento). Al 31 de diciembre pasado, tenía un activo de 5,07 millones de pesos y un pasivo de 6,33 millones. Es conducida por un director nombrado por el rector.
Desde el año pasado, en el Consejo Superior de la UBA se está debatiendo una reforma de la obra social. Ayer fracasó otro intento de acordar, en una comisión del consejo donde participan decanos, profesores, graduados, estudiantes y los gremios de docentes y no docentes. El proyecto más avanzado hasta ahora tiende a adecuar a Dosuba a la Ley de Obras Sociales Universitarias (24.741), por lo que dejaría de depender de la UBA y se transformaría en “una persona jurídica de derecho público no estatal”. Pero ayer se volvió a plantear la posibilidad de que siga siendo una dirección, aunque reformada. En uno de los puntos más discutidos, la última versión del proyecto propone conducirla con un consejo de once miembros: tres elegidos por voto directo de todos los docentes, tres seleccionados por los no docentes, uno por el gremio no docente Apuba, uno por el docente Aduba y otros tres elegidos por el Consejo Superior.
Las principales críticas al proyecto provienen de la Asociación Gremial Docente. “Al dejar de ser una dirección, la UBA dejaría de tener la responsabilidad patrimonial de Dosuba. Empezaría a regir la Prestación Médica Obligatoria y la autoridad de aplicación sería el Ministerio de Salud. Sería un paso decisivo hacia la privatización y la generalización del cobro de aranceles y coseguros para cada atención o práctica médica”, advirtió Néstor Correa, recién elegido como secretario general de la AGD (ver aparte). “La salud es parte del salario y tiene que estar garantizada por la UBA. Muchos docentes aceptan trabajar por sueldos de 80 pesos porque saben que tienen la cobertura de Dosuba”, dijo. La AGD sostiene que la autonomía universitaria excluye a Dosuba de la necesidad de adecuarse a la ley 24.741 y reclama una reforma con participación de los afiliados.
“No es cierto que Dosuba dejaría de ser financiada por la universidad, porque los aportes seguirían siendo de la patronal. El problema es que la AGD no estaría incluida en el directorio. En realidad, se trata de un problema gremial”, opinó un consejero superior que reconoció que “lo más grave es que la obra social no está funcionando”. Desde el otro gremio docente, Daniel Ricci, secretario general, aseguró que con la reforma “la cobertura de los afiliados no cambiará. Incluso va a ser mejor, porque van a ser ellos los que la van a gobernar con su voto directo. Nadie en sus cabales puede pretender sacarles más plata a los trabajadores”. Jorge Anró, titular de Apuba, exigió: “Tiene que garantizarse que los 220 trabajadores de Dosuba sigan siendo empleados de la UBA. Si no, no vamos a avalar ninguna reforma”.
Mientras el consenso se posterga, la situación de Dosuba empeora. “Desde 1991 los aportes girados por el rectorado de la UBA se han mantenido invariables, en virtud de la invariabilidad de los haberes –indica un informe elevado por la conducción de Dosuba–. Las mejoras dinerarias quehan recibido los empleados universitarios lo han sido, casi con exclusividad, de manera no remunerativa, no generando aumentos en los fondos... En contraposición, se presenta un aumento de los requerimientos y de los costos prestacionales... La finalización de la Convertibilidad implicó e implica que muchos insumos importados, cotizados en dólares, resultan de adquisición prohibitiva.” En medicamentos, el año pasado Dosuba gastó un promedio mensual de 327 mil pesos. Al primer trimestre de este año, el aumento ya superaba el 32 por ciento y el promedio era de 433 mil. En las prótesis, el aumento fue del 60 por ciento: de 37 mil pesos mensuales se pasó a 59 mil. “La prestación que recibimos es cada vez peor”, admitió Anró. El informe de Dosuba concluye así: “De no tomarse medidas urgentes, en poco tiempo no podremos seguir funcionando”.