En su primer año de vigencia, la Ley de Financiamiento Educativo ha estado muy lejos de satisfacer las demandas presupuestarias de las universidades nacionales. Es más: varios rectores sostienen que funciona como un tope que mantendrá acotado el financiamiento hasta el 2010, en lugar de promover su incremento. Aunque entre las autoridades universitarias las posturas no son unánimes, la mayoría coincide en la urgente necesidad de obtener más recursos para invertir en actividades de ciencia y tecnología, financiar mejoras en infraestructura, actualizar equipamientos y afrontar los habituales gastos de funcionamiento. La semana que viene se reunirá el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y, entre otras cosas, analizará el tema y la posible formulación de un reclamo conjunto al Gobierno.

Sancionada en el 2005 para comprometer al Estado con la inversión en educación, la Ley 26.075 establece un progresivo aumento del financiamiento educativo en todos los niveles, hasta llegar a un 6 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en el año 2010. Si bien, en su primera etapa la aplicación se cumplió, un grupo de rectores considera que “las expresiones de deseos que impulsaron la ley han chocado de frente con la realidad de sus números”. La inquietud fue expresada por los rectores de las casas de estudios de Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, del Litoral y del Sur, a través de un documento titulado “Las universidades argentinas en una situación presupuestaria crítica”.

El documento apunta que, para atender a más de 1.250.000 alumnos, las 39 universidades nacionales cuentan este año con un presupuesto “de 3359 millones de pesos, valor que representa un 0,57 por ciento del PIB del país... Este nivel de inversión es sensiblemente inferior a los indicadores internacionales que tienen otros países: Brasil invierte un 0,84 por ciento de su PIB, España un 0,92, Australia un 1,14, Estados Unidos un 1,28 y Finlandia un 2,13”. Los rectores advierten que los últimos aumentos de fondos aprobados se dirigieron a los postergados salarios de profesores y trabajadores. Por eso, “en la actualidad más del 90 por ciento del presupuesto se destina al pago de sueldos”, mientras que “se ha mantenido prácticamente invariable en términos nominales” el monto destinado a inversiones y gastos. Así, “el impacto de una inflación anual de más del 10 por ciento durante los últimos años e iguales valores proyectados para este año, terminan de delinear un panorama que requiere un profundo cambio de rumbo”.

Ante el pedido, la Secretaría de Políticas Universitarias les comunicó extraoficialmente a los rectores que se buscaría un refuerzo presupuestario. Pero hasta ahora no se concretó. “A medida que avanza el año, la situación se vuelve más grave y más preocupante –dijo a Página/12 Eduardo Asueta, rector de la Universidad de Entre Ríos–. La Ley de Financiamiento parece más un corset que una garantía de incremento presupuestario. Los aumentos previstos para el 2006 ya se cumplieron y sólo significaron mejoras salariales. Incluso estamos absorbiendo fondos previstos para el 2007 y sin haber satisfecho tampoco las demandas salariales.” Su diagnóstico fue claro: “Sin una recomposición presupuestaria real, no se puede pensar en que las universidades cumplan su misión”.

Aunque no se plegaron al planteo del documento citado, también las autoridades de la Universidad de La Plata reclamaron fondos en los mismos términos: nada menos que un aumento del 70 por ciento sobre los 222 millones otorgados este año. Y desde la UBA, en medio de su profunda crisis, el vicerrector Aníbal Franco se ha hecho tiempo para señalar que sin un aumento no llegará a fin de año. Una postura más mesurada mantiene, en cambio, el actual presidente del CIN, Carlos Domínguez, rector de la Universidad de Villa María. Opinó que algunos rectores “se apresuraron” al reclamar. “El presupuesto universitario aumentó notablemente, en especial en las partidas de salarios. Hay algunas dificultades con los gastos de funcionamiento, pero el ministro de Educación (Daniel Filmus) nos dijo que podría haber fondos adicionales según la evolución de la recaudación impositiva. Esperamos que haya alguna novedad en las próximas semanas.”