El Ministerio de Educación pretende derogar la vigente y controvertida Ley de Educación Superior (LES), y reemplazarla antes de fin de año –pero después de las elecciones nacionales– con una norma consensuada “claustro por claustro y universidad por universidad”, según aseguró Daniel Filmus a Página/12. El ministro candidato explicó que la metodología de discusión será diferente a la planteada el año pasado en torno de la Ley Nacional de Educación: no habrá una propuesta oficial como base, sino una guía de temas acordada junto al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), ente que reunirá las propuestas elevadas por cada casa de estudios –y de otras organizaciones sociales– e intentará elaborar un proyecto de consenso.

Después de haber propiciado la sanción de la Ley de Financiamiento Educativo y la Ley Nacional de Educación, así como la revisión legal de la educación sexual y la técnica, Filmus consideró que reformar el marco normativo del sistema universitario es “la asignatura pendiente para terminar con el modelo de los ’90”. Aunque habrá fuertes discrepancias a la hora de discutir, el cambio es largamente reclamado por la comunidad académica, desde las federaciones estudiantiles hasta los rectores, pasando por los gremios docentes.

–¿Piensa en una reforma de la ley vigente o en su derogación y reemplazo? –le preguntó este diario al ministro.

–Pensamos derogar la ley actual, del mismo modo que se hizo con la Ley Nacional de Educación. No queremos que se construya sobre la matriz anterior. Este gobierno es defensor de la autonomía, del ingreso irrestricto y de la gratuidad de la enseñanza. Ahora, cuando debatamos, cada uno tendrá sus propias propuestas. Vamos a hacer la convocatoria claustro por claustro y universidad por universidad para discutir sobre la base de un listado de temas que acordemos con el CIN. No queremos tomar como base la LES, sino discutir a fondo todos los temas de la universidad, gobierno, autonomía, elección de autoridades y representantes, calidad, etc. La idea es que cada universidad haga sus debates y se llegue al CIN con diferentes aportes, y allí podamos consensuar un proyecto de ley para ser elevado al Congreso antes de fin de año.

–¿Qué plazos se prevén?

–Vamos a terminar de definir la agenda de temas a mediados de abril y a convocar al debate por 180 días, para que en octubre llegue al Congreso un proyecto consensuado.

–En muchos sectores se teme que el tratamiento de una nueva ley quede subordinado a los intereses electorales.

–Lo seguro es que éste tiene que ser el año del debate sobre la educación superior. Como no queremos que la discusión resulte influida por la campaña, esperamos que el Congreso pueda tratar una nueva ley después de las elecciones.

–¿Qué metodología se va a proponer para la discusión?

–Va a quedar en manos de cada universidad, porque el proceso de debate tiene que darse en el marco de la autonomía. Sí queremos que el debate sea amplio y plural, que tenga carácter nacional, con la participación de organizaciones sociales. A cada universidad le vamos a pedir que se abran instancias de discusión a los cuatro claustros, para que los docentes, estudiantes, graduados y no docentes tengan la oportunidad de participar. Pero no va a haber un documento base de discusión, como hubo para la Ley Nacional de Educación, sino una guía de temas. Después vamos a pedir que los documentos y propuestas que genere cada institución sean girados a las demás universidades.

–¿Van a participar las universidades privadas?

–También van a participar. El CRUP (Consejo de Rectores de Universidades Privadas) podrá elevar sus propuestas. Pero ahí no podemos incidir, nosotros vamos a conducir el debate en el espacio público y el eje de discusión va a ser el CIN. El sector privado tendrá su propia dinámica y podrá llevar sus propuestas a través del Consejo de Universidades, donde están los rectores de todas las instituciones.