Por el escándalo de las notas truchas detectadas en la Universidad Nacional de Tucumán, la Justicia Federal citó a declarar a los empleados de la Facultad de Derecho que se desempeñaban en la Dirección Registro de Alumnos. Mientras, el gremio del personal exigió que la investigación no se limite a los no docentes, sino que avance sobre los demás estamentos virtualmente involucrados.

Pese al secreto de sumario, trascendió que “fueron giradas una serie de notificaciones para que las declaraciones (del personal) sean hechas de forma escalonada durante los próximos días”, según fuentes citadas por la agencia Télam. En principio, el sumario interno involucra en el fraude a once de los veinticinco empleados del área que tenían acceso al sistema para asentar y modificar las calificaciones estudiantiles. Como se informó, fueron detectados al menos 97 casos de notas fraudulentas: alumnos de Derecho que figuraban como ausentes en exámenes libres –de acuerdo con las actas– aparecían luego con un aprobado, en general un 4, en el sistema informático. Se sospecha que funcionaba un circuito de compraventa de notas, con complicidad del personal. En la investigación interviene también la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA), con competencia en los casos de irregularidades que afectan a entes centralizados o descentralizados del Estado nacional. Además, en la propia facultad se instaló una oficina con abogados designados por la UNT para intervenir en la investigación.