“La universidad argentina está fuertemente controlada por los partidos y las corporaciones profesionales”, advirtió Pedro Krotsch a Página/12. Además de dirigir el Instituto Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA), Krotsch se especializa en lo que denomina “una sociología de la educación superior”. En esta entrevista analiza las reformas que el sistema universitario atravesó en los últimos años. Advierte que las corporaciones controlan los planes de estudios y que los partidos han generado “una privatización de espacios públicos”.
–¿Cómo analiza el proceso histórico que desembocó en las reformas de los ‘90 para la educación superior de Latinoamérica?
–En América latina hubo tres reformas importantes. La primera es la de 1918, que es endógena, producto del movimiento generacional de los estudiantes. Es una reforma democrática, con preocupación por la autonomía y por lo social. No obstante, se da en el contexto de una universidad que sigue siendo muy elitista. La segunda reforma entra en la Argentina hacia el ‘55, muy incidida por los organismos de ayuda internacional y por la Alianza para el Progreso. Hay un enorme proceso de transferencia del modelo norteamericano, una modernización que incluye acortamiento de las carreras y desarrollo de los posgrados. Esto entra con fuerza en Brasil y México, pero con dificultad en la Argentina, porque ya había una universidad madura, con una importante tradición.
–La tercera reforma es la de la década pasada.
–La que vivimos en los ‘90. Fue más gris, una reforma tributaria de los organismos internacionales, del Banco Mundial y la perspectiva de que es necesario vincular la universidad al mercado, no sólo a la empresa. Se trataba de desarrollar el mercado universitario y que las universidades se guíen por las señales del mercado y se orienten al sector privado. Los organismos impulsaron las problemáticas de la calidad y la evaluación, la eficiencia interna y externa, deserción e inserción laboral. Y también, fuertemente, la cuestión del financiamiento: la búsqueda de que la universidad se autofinancie. El argumento del Banco es que la universidad pública estaría financiando el estudio de los sectores medios. Esto es cuestionable a la luz de lo que pasó en los ‘90, cuando hubo un enorme proceso de exclusión y el quiebre de los sectores medios. Por otro lado, todos los cálculos indican que un arancel no podría financiar más que un 7 por ciento del presupuesto. Hoy sería una locura arancelar.
–¿Qué características asumió este proceso en la Argentina?
–Buscó profundizar la reforma del ‘55. La Argentina fue tradicionalmente un país con pocas políticas para la universidad. Hubo control en diversos momentos, pero no políticas explícitas. Más que por el Estado, la universidad fue moldeada por los sectores medios en ascenso. El primer período con políticas activas fue 1972–75, con la creación de 19 universidades en el interior. El período 1993–96 fue el segundo momento activo: la ley de educación superior, el Fomec, las políticas de incentivos y de evaluación, la creación de la Coneau, del Consejo de Universidades y de la Secretaría de Políticas Universitarias. Todo esto complejizó el sistema y creó un cuerpo de técnicos especializados. Fueron políticas de muy rápida implementación al calor de la hegemonía menemista, pese a que hubo mucha resistencia universitaria. El gran problema de estas políticas fue su impacto, que todavía es muy difícil precisar: los incentivos, por ejemplo, tuvieron consecuencias diferentes por universidad y por disciplina, pero lo que seguro produjeron fue una fisura en el cuerpo académico, dividiendo a los docentes entre los que tenían incentivos y los que no, entre cosmopolitas y locales.
–¿Cuál cree que es hoy el problema clave de la universidad pública?
–La recuperación de la autonomía. Hemos peleado mucho por la autonomía respecto del Estado, pero nos debemos un fuerte debate sobre la articulación de la universidad con los partidos políticos. Todavía tenemosel lastre de una fuerte penetración de los partidos. La universidad fue en los últimos años un campo de maniobras de los grandes partidos, y a veces también de los pequeños. La universidad está cautiva, a la vez, porque su fuerte profesionalismo pone en cuestión la autonomía por la presencia de las corporaciones. La universidad argentina está fuertemente controlada por los partidos y por las corporaciones profesionales. Esto es algo de lo que no se habla.
–¿Cómo afectan a la universidad las corporaciones y los partidos?
–Las corporaciones inciden a través del control de la currícula, los contenidos y la incumbencia de los títulos. En general, son un elemento conservador. La incidencia de los partidos se ha dado en casi todas las universidades, pero de diferentes maneras. Hemos llegado al absurdo de nombrar a las universidades según el color político de quiénes la presiden. Esta situación la tomamos como natural y no lo es. La irrupción plena y franca de los partidos se da en la universidad argentina desde los ‘60. Los partidos han dificultado mucho la discusión: aparece el control político del debate en términos de intereses partidarios y se debilita lo académico. Además, produjeron una privatización de espacios públicos, la ocupación de cargos por parte de miembros de determinados partidos y no por personas idóneas. Si queremos salvar a la universidad pública, donde hay un millón de alumnos estudiando, tenemos que abrir un profundo debate y construir una universidad autónoma, con su columna vertebral en la producción de conocimiento y muy comprometida con las necesidades de la sociedad civil.