Hace años que la universidad pública argentina se encuentra en peligro, jaqueada por una conjunción de políticas de distintos gobiernos y actitudes de algunos de sus propios miembros que no sólo ponen en riesgo la producción de conocimiento crítico sino, incluso, la mera producción de conocimiento. A las políticas represivas de las dictaduras militares se sumó en los gobiernos democráticos el ahogo presupuestario, la miserabilidad salarial, la decreciente capacidad de adquisición de material técnico y el deterioro edilicio. Estas políticas externas a la universidad se han conjugado con la miopía de algunos de sus cuadros de conducción más interesados en su autopreservación que en la preservación de la institución. También con la pérdida de la noción de la especificidad que implica una institución universitaria.

Es así que la “transformación de la universidad según los intereses de los trabajadores y el pueblo” dejó de ser analizada a partir del aporte que la universidad puede ofrecer a la sociedad –como la producción de medicamentos a bajo costo o la mirada crítica sobre la realidad– para priorizarse la producción de militantes partidarios y postular una transformación del gobierno universitario que homologue a profesores, graduados y estudiantes –bajo la propuesta “un hombre, un voto”– con los ciudadanos de una sección electoral.

Estas propuestas sugieren que los planes de estudio deberían ser decididos en reuniones de los “ciudadanos universitarios”, donde los estudiantes del CBC debieran hacer valer su opinión “en igualdad de condiciones” con graduados y profesores, representantes estos últimos de algo así como la “burguesía universitaria”, a la vez que priorizan estrategias de “marketing electoral”, que tuvieron una nota de color en las últimas elecciones estudiantiles de la carrera de Sociología, donde uno de los candidatos a director de la carrera hablaba en continuado, matizando sus palabras con imágenes del Cordobazo, desde un televisor instalado en el hall de entrada de nuestra casa de estudios.

Es urgente e imperioso reconocer que la universidad requiere de un proceso de democratización que otorgue derechos de ciudadanía a los auxiliares docentes y amplíe la participación del conjunto de la comunidad universitaria en la toma de sus decisiones. Pero este proceso no puede trivializarse al punto de postular la equivalencia de las decisiones académicas con los mecanismos decisorios del conjunto de la sociedad.

Democratizar la universidad no es sólo transformar sus órganos de decisión sino, fundamentalmente, orientar su producción de conocimiento hacia la satisfacción de las necesidades sociales de diverso orden. Las asambleas son un ámbito relevante en la constitución de contrapoder, siempre que nos encontremos cara a cara como ciudadanos. Por el contrario, en la universidad nos encontramos como profesores, graduados y estudiantes, y entender las responsabilidades que nos competen en cada uno de dichos roles es la única manera de intentar convertir a la universidad en una herramienta que les sirva a los trabajadores y al pueblo.

* Doctor en Ciencias Sociales, profesor y candidato a director de la carrera de Sociología.