Entre la parva de proyectos aprobados la semana pasada en el Congreso, la Cámara de Diputados dio media sanción a una ley que apunta a conceder preferencia a las universidades nacionales como consultoras del Estado.
El proyecto dispone que los organismos centralizados y descentralizados, las sociedades del Estado y de economía mixta, con participación accionaria de mayoría estatal, obras sociales del sector público, bancos y entidades financieras nacionales deberán priorizar a las casas de estudios cuando se trate de contratar servicios de consultoría, asesorías, auditorías e investigaciones. En su segundo artículo, la propuesta que ahora pasó al Senado detalla que el Estado deberá otorgar el carácter de preferente a las universidades que presenten ofertas de idéntica calidad e idoneidad y un precio igual o no mayor del 5 por ciento respecto de la mejor oferta recibida. A la vez, la norma prohibiría que las instituciones educativas se aprovechen del beneficio subcontratando a terceros.
El proyecto es impulsado por el Consejo Interuniversitario Nacional -donde se reúnen los rectores de las universidades–, que se lo había presentado al Poder Ejecutivo y también a la comisión educativa de la Cámara baja. En cambio, es resistido por algunas corporaciones profesionales. La Sociedad Central de Arquitectos, por ejemplo, cuando se conoció la iniciativa, consideró “necesario advertir a las autoridades nacionales sobre la necesidad de evitar la competencia desleal de las universidades con el trabajo de los profesionales”.