–Las críticas a su gestión parecen dividirse en dos conjuntos. Uno, en el que han hecho mayor énfasis los sectores más o menos vinculados al radicalismo, aunque no sólo, apunta a errores en la administración. Y el otro, desde sectores más progresistas, apunta a la necesidad de un gobierno más participativo y a la postergada reforma del estatuto.

–Empiezo por la segunda, que me parece más importante. Comparto la idea, es necesario repensar nuestra organización y facilitar mecanismos de participación para adecuarnos a la situación social actual. Es un proceso que se va a ir dando y que me gustaría facilitar. Si no se impulsó la reforma del estatuto, se debe a que la UBA está amparada judicialmente frente a la Ley de Educación Superior y modificar el estatuto implicaría someterlo a aprobación del Ministerio de Educación, que debe controlar que los estatutos se adecuen a la ley: parecía una incongruencia cuestionar la ley por un lado y después someternos a ella. De modo que, cuando la ley se modifique, y se supone que eso será en breve plazo, estarán dadas las condiciones para reformar el estatuto. En cuanto al otro aspecto, la situación financiera de la universidad ha sido muy difícil en estos años, casi el 95 por ciento del presupuesto se invierte en salarios... Encontramos numerosos problemas administrativos, muchos siguen presentes, no son cambios fáciles de producir. Pero creo haber hecho una contribución importante: nunca antes se vio con tanta claridad el manejo de los fondos de la administración central de la UBA. Ese es un cambio trascendental del que no hay regreso. Soy consciente de que mirar el mecanismo íntimo de estos procesos económicos puso de manifiesto muchas cosas que, al no poder ser resueltas de inmediato, fueron nuestra responsabilidad. Pero la evolución es muy positiva. También hay que señalar que es muy curioso que muchas críticas provengan precisamente de los mismos responsables de la situación en que nos encontrábamos en el pasado, algo que tiene aspectos políticos insoslayables.